El Gobierno cerró ayer filas sobre la garantía del sistema público de pensiones y su conveniencia frente a los planes privados, a pesar de que algunos de sus ministros admitieron disponer de ellos como una opción legítima para complementar sus jubilaciones.
Tener o no un plan privado de pensiones es la cuestión que ayer los periodistas elevaron casi a cuestión de Estado en el Congreso y no pararon hasta averiguar que el presidente del Gobierno no tiene ninguno y sí, por ejemplo, María Teresa Fernández de la Vega y algunos ministros económicos.
No obstante, el Congreso y el Senado tienen un plan de pensiones colectivo para funcionarios y parlamentarios, que éstos pueden incrementar, si quieren, con sus propias aportaciones o bien hacerse otro nuevo.
Entre los que han confesado que tienen un plan privado, está el mismo que ha desencadenado la polémica en torno a esta cuestión, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, al aconsejar a los trabajadores que lo hicieran si querían compensar la pérdida de ingresos que se produce con la jubilación.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía Elena Salgado, no aclaró si lo tiene o no, pero dijo que como lleva cotizando desde los veintidós años no necesitará «ni tan siquiera» la pensión de ex ministra.
También apostó por ese complemento el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien opinó que «no debe ser tan malo» cuando todos los gobiernos lo han bonificado fiscalmente «de forma generosa».
La «troika» económica la completa el titular de Fomento, José Blanco, quien aseguró que sólo tiene el plan privado que le ofrece el Parlamento.
Tener o no plan de pensiones, casi una cuestión de Estado
Efe | Madrid |