Garzón recurre el auto que le lleva a juicio por investigar la dictadura de Franco

El juez Baltasar Garzón cree que han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y «grupúsculos marginales» a ejercer una acción penal contra él y esperaba que el Supremo «valorase estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica». Así lo pone de manifiesto en el recurso que interpuso ayer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) contra el auto del magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela que anticipa que le abrirá juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El juez de la Audiencia Nacional califica este auto de «exorbitante» y «de notable extravagancia» y explica que la doctrina expuesta en él es «contraria a Derecho» e impone un serio riesgo para la independencia judicial. El recurso ha sido presentado en el juzgado de guardia por el abogado del juez de la Audiencia Nacional, Gonzalo Martínez-Fresneda, ya que, según explica el plazo finalizaba ayer, extremo sobre el que se queja ante la Sala por haber contado únicamente con tres días para recurrir.
La ley
Garzón está muy cerca de ser suspendido cautelarmente después de que Varela dictara la semana pasada un auto, en el que le recuerda que un juez depende «sólo, pero siempre, de la ley» y que él ignoró la de Amnistía al investigar el franquismo. En esta resolución Varela transformó en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón y ha dado diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.
Varela dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado «con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años». Garzón recuerda que la independencia judicial impone respetar en cada juez o magistrado la capacidad de decidir de forma «no interferida» la interpretación que ha de dar a cada norma del ordenamiento, según el espíritu de los principios constitucionales.