El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió hoy que no descarta tomar medidas fiscales que exijan un mayor esfuerzo a las rentas más altas, cuestión que tratará con el resto de grupos parlamentarios, si bien dijo que será más complicado «con algunos».
Durante su turno de réplica en el Congreso de los Diputados, Zapatero respondió así al portavoz de ICV, Joan Herrera, que durante su intervención reclamó al Gobierno una fiscalidad más justa y progresiva para que la crisis no sigan pagándola los más débiles.
El jefe del Ejecutivo dijo estar de acuerdo con Herrera en que las medidas para reducir el déficit exigen más equidad y un «esfuerzo mayor de aquellos que más tienen», aunque no concretó qué nuevas actuaciones podrían afectar a las rentas elevadas.
Al respecto dijo que la revisión de la fiscalidad se hablará «con un poco más de tiempo, de calma», porque ahora tocaba reducir el gasto, en lugar de buscar un aumento de los ingresos.
En su opinión, el recorte del gasto genera más credibilidad y es la expresión «más nítida y contundente» para infundir confianza.
Zapatero reconoció, por otra parte que se está pidiendo un esfuerzo «serio y duro» a los empleados públicos, «muchos con remuneraciones modestas y que prestan bien un servicio», aunque el recorte se hará con carácter progresivo para que los sueldos más bajos se vean menos afectados.
También asumió que el plan de ajuste supone un sacrificio para algunos pensionistas, pero resaltó que este año la inflación será baja.
No obstante, hizo hincapié en que durante los años de gobierno socialista se ha hecho un esfuerzo para que tanto los funcionarios como los pensionistas recuperasen el poder adquisitivo que habían perdido durante el mandato del PP.
El objetivo del Gobierno, según explicó, ha sido intentar afectar lo menos posible las inversiones productivas y mantener el gasto en protección social y en el Estado del bienestar, sin tocar las ayudas al desempleo ni las políticas de sanidad y educación.
Por el contrario, reconoció que se están limitando derechos en relación con la dependencia, aunque subrayó que antes no existía ese derecho y que se mantienen otras políticas sociales, como la renta de emancipación para jóvenes.
En respuesta al líder del PP, Mariano Rajoy, Zapatero se mostró dispuesto a dialogar sobre la mejor manera de reducir el déficit, pero siempre que reconozca que el 35% del gasto público es imputable a comunidades autónomas y ayuntamientos, frente al 20% que supone el de la administración central.
Por ello, le pidió comenzar el diálogo con los planes de austeridad que diseñen las comunidades gobernadas por el PP, algunas de las cuales son las más endeudadas del país.
Tras escuchar a los grupos parlamentarios, agradeció en concreto el sentido de la responsabilidad de CiU, el PNV, Coalición Canaria y UPN, pero se mostró convencido de que la mayoría estará «a la altura de las circunstancias», como ha demostrado el país en los últimos treinta años ante las situaciones de dificultad.
Crisis
Zapatero insistió en que el país atraviesa «una situación difícil, muy difícil, que exige medidas de esfuerzo serio» y aseguró que sería una «profunda irresponsabilidad» por parte del Gobierno no actuar.
Según explicó, los «duros y serios» recortes se hacen ahora porque, tras el plan de rescate a Grecia, los mercados demostraron la semana pasada que tenían «una profunda desconfianza» en la zona euro y en los países con mayor déficit público.
Y si no se acusa a la UE de improvisar con su plan global de apoyo a la zona euro, a su juicio tampoco se puede criticar a su Gobierno.
Las medidas, insistió, son «imprescindibles» para recuperar la confianza de los inversores y evitar que el diferencial de la deuda pueda llegar a niveles «muy preocupantes».
El jefe del Ejecutivo rechazó las reiteradas peticiones de los grupos para que reduzca el número de ministerios, ya que, ha recordado, ello no supondría eliminar a los funcionarios que en ellos trabajan ni las políticas que dirigen, por lo que el ahorro no sería importante.
Tildó además de «populista» a Rajoy por pedir que se reduzcan las subvenciones a los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.