Autorizan el traslado de Garzón a La Haya, pero sin la situación de servicios especiales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer autorizar la contratación por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) del juez Baltasar Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, aunque no le concedió la situación de servicios especiales que había solicitado.
Según la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la Comisión Permanente, reunida para analizar la petición de Garzón, estimó que «no se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional», por lo que «permite tal contratación».
Esta decisión fue adoptada por tres votos a favor y dos en contra. La han apoyado el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar (del sector conservador) y Margarita Robles (del progresista). Mientras tanto, Almudena Lastra y Antonio Dorado han emitido sendos votos particulares en contra.
Motivaciones
En concreto, la vocal del sector progresista se ha opuesto por entender que en el acuerdo «no se resuelve lo solicitado». A su juicio, lo procedente hubiera sido «acceder a lo que pide el magistrado Baltasar Garzón y declararle en situación de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
Mientras tanto, el vocal del sector conservador fundamenta su rechazo en que «puesto que la Comisión Permanente deniega la declaración de servicios especiales, dicho acuerdo debería haberse limitado a esta declaración, sin perjuicio de que en una nueva petición de Baltasar Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser desestimada».
Tras informar del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente, la portavoz del Consejo no respondió a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya y qué efectos pueden tener para su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.