Prenafeta y Alavedra presionaron a consellers de la Generalitat para cobrar comisiones

Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, dos de los principales supuestos «comisionistas» de la 'trama Pretoria', usaron su influencia y contactos como ex altos cargos del Gobierno de Jordi Pujol para mediar ante consellers, alcaldes y dirigentes de CiU en beneficio propio y de empresarios con los que tenían intereses comunes.
El sumario del 'caso Pretoria' revela que los imputados intentaron presionar a su favor, aunque sin éxito, a los consellers de Economía, Antoni Castells, y de Política Territorial, Joaquim Nadal, e incluso buscaron influir en las conselleries de Acció Social y Medio Ambiente a través de terceros.
Además de reuniones privadas al más alto nivel, Lluís Prenafeta también envió una carta al actual conseller de Economía, Antoni Castells, pidiéndole que hablara con la consellera de Acción Social, Carme Capdevila, para desbloquear la venta a la Generalitat del edificio Illa Fórum de Barcelona por 85 millones de euros.
«Facilitar cosas»
Las conversaciones telefónicas que fueron intervenidas a los imputados por el 'caso Pretoria' en los meses previos a su detención muestran, además, que los ex altos cargos de Pujol también se dirigieron en una ocasión al presidente de CiU, Artur Mas, para conseguir información y pedirle que se reuniera con «un señor» que quería «facilitar cosas».
Asimismo, Prenafeta y Alavedra se embolsaron otros 637.590 euros cada uno en comisiones por dos operaciones urbanísticas en Badalona y en Sant Andreu de Llavaneres.
Según un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario, el «modus operandi» en esas tres operaciones era similar: gracias a los influyentes contactos que Luis García mantenía entre los equipos de gobierno municipales y los empresarios, se conseguía llevar a cabo modificaciones de planes urbanísticos municipales que beneficiaban a las empresas adjudicatarias.
Tanto Alavedra como Prenafeta, revela el sumario del 'caso Pretoria', tenían «cualificadas relaciones» que los imputados utilizaban en beneficio de los proyectos urbanísticos investigados y, en ambos casos, hay indicios de que poseían considerables sumas de dinero depositadas en paraísos fiscales.