El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, anunció que ha sido «imputado formalmente» en la investigación de la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, al igual que otros cinco empresarios. Tanto Ripoll como el resto de imputados que fueron detenidos el pasado martes, entre ellos el presidente del Grupo Cívica y del Hércules Club de Fútbol, Enrique Ortiz, han salido en libertad provisional sin fianza, a excepción de Rafael Gregori, a quien el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por un supuesto cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Pese a ver indicios de delito por unos delitos que Ripoll dice desconocer, el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, ha rechazado la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, de pedir prisión eludible con una fianza de 500.000 euros o, en su defecto, una personación periódica en el juzgado para el dirigente popular, aunque le imputa los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. Ripoll llegó a los juzgados a pie minutos antes de las 14 horas aunque no fue interrogado hasta después de las 18, y tras comparecer abandonó la sede judicial emplazando a los medios a una declaración pública en la Diputación a las 21.30 horas, en la que no aceptó preguntas.
En la misma, se quejó de que el juez instructor no le haya aclarado «ni los hechos ni el por qué» de su imputación en el denominado caso «Brugal». Aunque evitó entrar en el fondo del interrogatorio para no infringir el secreto de sumario, sostuvo que ha declarado «voluntariamente» ya que durante la primera media hora el juez le explicó detalladamente que «no había una citación judicial» y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.