El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer a movilizar en el marco de la UE ayuda social para los saharauis y defendió la reacción del Ejecutivo ante la actuación de las autoridades marroquíes porque la relación con el país vecino es «prioritaria» para España.
Desde Seúl, Zapatero recordó que el Gobierno mostró su «profunda preocupación» tras el violento desmantelamiento del campamento saharaui instalado cerca de El Aaiún y apostó por el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario como un elemento clave para solucionar el conflicto.
Zapatero, que pidió esperar a que la Fiscalía de Marruecos aclare lo sucedido en El Aaiún, aseguró que la respuesta del Gobierno ante los «graves» sucesos ha sido «la que tiene que ser, la responsable, la sensata y la prudente para la solución del conflicto y para los intereses de España».
Los intereses de España
«Los intereses de España es lo que el Gobierno tiene que poner por delante. Es la respuesta más apropiada para la resolución del conflicto, y en consecuencia para el pueblo saharaui, y también para los intereses de España», insistió.
En Madrid, la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, insistió ayer en no condenar los «graves hechos» ocurridos en El Aaiún debido a la confusión que persiste y ante el hecho de que otros gobiernos y organismos internacionales tampoco lo han hecho.
«Para condenar habría que tener un conocimiento completo de cuáles han sido los hechos que se han producido», subrayó al término del Consejo de Ministros.
Según Jiménez, el Gobierno no se quiere «apresurar» en su condena y está a la «espera» de que algún organismo internacional ofrezca un balance de lo ocurrido. En este sentido, hizo especial hincapié en que «ninguna institución, ningún organismo ni gobierno lo ha hecho».
En este sentido, la ministra negó que el Ejecutivo tenga «ningún tipo de temor» a represalias por parte de Marruecos en el plano de la cooperación en la lucha contra la inmigración y el terrorismo si se condena su intervención para desmantelar el campamento de protesta de El Aaiún.
Por su parte, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, lamentó ayer que el Gobierno anteponga «el cálculo político a la defensa» de los derechos humanos «con independencia de que sean marroquíes o saharauis», y añadió que cuando se habla de derechos fundamentales «hay que defender a quien sea porque la libertad y la dignidad están por encima de cualquier cálculo».