La Audiencia Nacional ha estimado por unanimidad que hay indicios de delito en el «chivatazo» que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, pero no de que sus autores fueran los tres mandos policiales procesados por el juez Pablo Ruz, que deberá seguir investigando. La decisión ha sido adoptada por los catorce magistrados del pleno de la sala de lo penal del tribunal después de cuatro horas de deliberaciones sobre los recursos del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros contra su procesamiento.
En una nota de prensa hecha pública por el tribunal, éste indica que «el pleno aprecia indicios suficiente de un hecho que reviste los caracteres de delito», pero que ha revocado el auto dictado el pasado 13 de julio por Ruz «por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación». «Consecuencia de lo anterior, no se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos», añade la nota.
Colaboración con ETA
Fuentes jurídicas consultadas en el tribunal han explicado que, en efecto, los magistrados no han estudiado si el «chivatazo» recibido por el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, debe ser calificado como colaboración con ETA, como sostenían las acusaciones populares, o como revelación de secretos, como mantiene la Fiscalía.
Al estimar insuficientes los indicios que el juez apuntaba contra los mandos policiales, éstos dejan de estar procesados, pero seguirán imputados en la causa por los delitos de colaboración terrorista y/o encubrimiento y revelación de secretos.
Ruz tendrá que seguir practicando diligencias para hallar nuevos indicios que le permitan procesar otra vez a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros o que le conduzcan a otras personas como autoras del «chivatazo» y, si no los encuentra, se verá obligado a archivar la causa.