El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha revelado hoy sus planes para cumplir en 2012 el límite del déficit del 1,3% del PIB impuesto por la UE: rebajas salariales de los empleados públicos, incremento de tasas y el cobro de recetas médicas, para evitar nuevos recortes en servicios públicos.
Tan solo dos días después de las elecciones generales del pasado domingo, Mas ha aprovechado la reunión de hoy del Govern para hacer un inesperado anuncio: si Cataluña quiere hacer los «deberes», no hay más remedio que asumir nuevos «sacrificios» con un «ajuste duro».
Mas ha dado instrucciones a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, para que se pongan a trabajar con el fin de trasladar a los hechos estas medidas impopulares, que se verán reflejadas en los presupuestos de 2012 que el Govern dará a conocer a mediados de diciembre.
Una rebaja generalizada de los sueldos de todos los trabajadores vinculados a la Generalitat -que no ha querido cifrar-, la renuncia de los altos cargos a una paga extra el próximo año, aumento de las tasas del agua, transportes, matrículas universitarias y gasolina, así como la introducción de un pago por receta de medicamentos, son algunas de las medidas que tiene previsto aplicar el Govern.
Si el año 2011, el primero con Mas al timón de la Generalitat, ha venido marcado por los recortes en el gasto debido al déficit de 8.400 millones de euros, en 2012 se iniciará una nueva fase de los planes del Govern para «purgar y sanear» las cuentas públicas catalanas.
En esta segunda etapa, ha admitido Mas, sería «peligroso» seguir recortando gasto de manera generalizada porque podrían cruzarse «las líneas rojas» de la calidad de algunos servicios del Estado del Bienestar; en ciertos ámbitos «ya se ha tocado hueso», ha dicho.
En 2012, por lo tanto, el ajuste se producirá en dos frentes: ahorrando con la reducción de salarios de los empleados públicos e ingresando más dinero a través del incremento de determinadas tasas, lo que en total se traducirá, según sus cálculos, en 1.000 millones de euros más.
Para empezar, no se subirán los impuestos que dependen de la Generalitat pero tampoco se suprimirán los incrementos en el IRPF introducidos por el anterior gobierno tripartito y, además, no se renunciará a aplicar el Impuesto del Patrimonio si el nuevo gobierno de Mariano Rajoy decide mantenerlo.
En el ámbito salarial, los altos cargos de la Generalitat tendrán que renunciar de nuevo a una paga extra, como deberán hacer con la paga de Navidad de este año, con lo cual en tan solo dos años habrán visto reducido su sueldo un 20-25%, para «predicar con el ejemplo».
A nivel general de toda la función pública, los empleados de la Generalitat volverán a ver reducidos sus ingresos -en 2010 ya se les bajó un 5% el salario-, si bien Mas no ha concretado cifras, porque antes quiere hablarlo con los sindicatos.
Mas ha puntualizado que si el gobierno de Rajoy decide aplicar una reducción salarial similar en todo el Estado, a los empleados públicos catalanes no se les impondría entonces una doble rebaja.
Para elevar la recaudación de la Generalitat está previsto seguir aumentando el canon del agua, los títulos del transporte público en el área metropolitana de Barcelona y las tasas universitarias, así como estudiar un aumento del precio de la gasolina excepto para sectores como los transportistas, pescadores o agricultores.
Una de las medidas que puede resultar más polémicas es la introducción, en el campo de la sanidad, de alguna «barrera de acceso» para evitar un abuso del sistema, como unos «tiques moderadores» que implicarían un cobro por receta de medicamento.
Mas ha insistido en que no se trata de una medida de copago, sino una barrera disuasoria para moderar el consumo de medicamentos que no sean estrictamente necesarios para los usuarios.
Por último, la Generalitat prevé desplegar una política activa de venta de activos, patrimonio público, oficinas, edificios y empresas que gestionan infraestructuras, que pasarían a manos privadas.
Según Mas, no figura en la agenda un plan general de reducción de plantillas en el sector público, pero sí habrá ajustes selectivos en determinados organismos que considera «hinchados» por el tripartito.
Todos estos sacrificios, ha asegurado Mas, tienen un horizonte: empezar a ver la luz al final del túnel a finales de 2012, de manera que en 2013, «si las cosas no empeoran», pueda darse por finalizada la «política de ajuste duro».
«Las deudas son muy gordas y los déficit eran monstruosos, la purga hay que hacerla y dura años, pero a partir de 2013 vendría una fase más suave», ha dicho Mas con toda la cautela.
A mediados de diciembre, el Govern llevará los presupuestos de 2012 al Parlament, pero como su tramitación no podrá culminar hasta bien entrado el mes de enero o principios de febrero, se tendrá que aplicar una prórroga presupuestaria durante unas semanas.