El proceso de reequilibrio presupuestario para reducir este año el déficit público al 4,4% del PIB tendrá un impacto negativo en la economía, que caerá el 1,5% en el conjunto de 2012, en tanto que la tasa de paro llegará al 23,4% ( lo que casi será lo mismo, se llegará a los 5,4 millones de desempleados), según las proyecciones del Banco de España. La entidad calcula que en 2013 el PIB volverá a crecer desde el primer trimestre, lo que permitirá un avance en el conjunto del año del 0,2%, aunque no se comenzará a crear empleo neto hasta la segunda mitad del año y no será suficiente para reducir el nivel de desempleo en más de una décima.
A pesar de esta situación, entiende que el ajuste fiscal es ineludible y que el Gobierno debe perseverar en ese proceso, ya que las dudas de los mercados sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas son la causa de la pérdida de impulso económico en el cuarto trimestre de 2011, en el que la economía española ha retrocedido el 0,3%. Se trata de un círculo vicioso en el que la desconfianza de los mercados en la capacidad de España para equilibrar sus cuentas y pagar su deuda empeora las condiciones de financiación tanto pública como privada y obliga a severos ajustes, con el efecto negativo que ambas cosas tienen sobre el crecimiento económico y el empleo.
Riesgo de inestabilidad
El Banco de España considera que el riesgo de nuevos episodios de inestabilidad en los mercados financieros seguirá existiendo en 2012 dada la «insuficiente coordinación» de las políticas económicas en el ámbito europeo, lo que podría dar lugar a una contracción más severa del PIB. Ante este contexto, cree que sólo actuaciones «más decididas» en el ámbito de las reformas estructurales permitirían una reducción más rápida del paro y crearían condiciones más favorables para el crecimiento económico, lo que suavizaría la caída proyectada.
En este sentido, en el ámbito del mercado de trabajo aboga por una reforma integral de la negociación salarial y de las modalidades de contratación, en tanto que para el sector financiero apuesta por avanzar en el proceso de reestructuración de las entidades. En el plano fiscal reclama una mejora «sustancial» de las medidas de seguimiento y control de las cuentas de las administraciones públicas, en particular de las autonómicas.