La ministra de Fomento, Ana Pastor, abrió ayer un expediente sancionador a Spanair y sus administradores por la abrupta cancelación de sus vuelos, que afectará en el fin de semana a cerca de 23.000 clientes, de los que varios centenares han presentado ya quejas.
La sanción podría suponer una multa de 9 millones de euros y la retirada de la licencia.
El cese de actividad de Spanair, que cuenta con más de 2.000 trabajadores directos, ha generado declaraciones de políticos por la actuación de la Generalitat, accionista de la compañía, y por su destacado papel en las comunicaciones y el turismo.
Cientos de clientes de Spanair han presentado quejas en varios aeropuertos españoles por la decisión de la compañía de suspender sus vuelos y por la escasez de billetes disponibles con la ‘tarifa de rescate'. Muchas de las reclamacione se deben a que existe un número limitado de este tipo de billetes de entre 60 y 100 euros, por lo que una vez agotados, tienen que abonar los vuelos a precio de mercado, que pueden costar hasta 500 euros.
En este sentido, un portavoz de Spanair, Jordi Juan, aseguró que la compañía trabaja para resolver los problemas creados a los usuarios, en tanto que un representante de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, denunciaba que otras compañías «se están aprovechando de la situación» y están incurriendo incluso en fraude por «publicidad engañosa».
En el terreno político, el ministro de Industria, José Manuel Soria, demandaba una «seria reflexión sobre el papel de las administraciones públicas dentro de las empresas privadas», al tiempo que recordaba que la aerolínea había ayudado a mejorar la conexión de Canarias con el resto de España y el mundo.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguró que hizo «todo lo que pudo para salvar» a Spanair, pero añadió que en este momento de ajustes presupuestarios, el proyecto no podía convertirse en un «pozo sin fondo».
Mal servicio, retrasos, etc, era cuestión de tiempo.