La educación secundaria «común» durará tres años, el Bachillerato y la FP de grado medio tendrán tres, de los que el primero será obligatorio, y la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) será sustituida por una de formación «cívica y constitucional», en una reforma educativa parcial.
El último curso de la enseñanza obligatoria, que se mantiene hasta los 16 años, «orientará» a los alumnos a la FP o la «continuación» de los estudios de Bachillerato, lo que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha relacionado hoy con una mejor preparación de los alumnos y la reducción del abandono escolar prematuro.
En este sentido, se va aplazar la entrada en vigor de la reforma del cuarto de la ESO previsto en la Ley de Acompañamiento de la Ley de Economía Sostenible, ha precisado el ministro, que comparece en comisión en el Congreso de los Diputados.
Wert ha apelado al diálogo y la participación de toda la comunidad educativa para formular una Estrategia Nacional de Calidad, manteniendo y reforzando, ha asegurado, la equidad básica, o igualdad de oportunidades.
Ha negado que el Gobierno vaya apoyarse en la mayoría parlamentaria del PP para aprobar una «nueva ley general educativa».
Sobre la FP, ha defendido el modelo «dual alemán», ya que el hecho de aprender trabajando en las empresas aumenta la empleabilidad de los alumnos y que se convierta esta formación en una alternativa «atractiva» para quienes deseen acceder al mundo laboral antes y fomenta el espíritu emprendedor.
Así, junto al Ministerio de Empleo, convocará a empresarios y sindicatos para la reforma de la FP.
Se ha propuesto que se fijen «estándares» de conocimientos mínimos que deben alcanzar todos los alumnos en las distintas etapas, con pruebas «censales» externas al modo de PISA para «todo» el alumnado, sin que los resultados negativos afecten a los expedientes, pero premien a los que tengan mejores resultados.
Además de las administraciones, «las familias reclaman este tipo de información porque sin la misma es muy difícil que puedan ejercer la libertad de elección de centro les reconoce la Constitución».
Se ha referido a impulsar la autonomía organizativa, curricular y de gestión económica y la rendición de cuentas de los centros, desarrollar programas de innovación educativa y crear centros de especialización curricular, incrementar las competencias y profesionalización de los directivos.
Sobre EpC ha dicho que creó una «serie división» en la sociedad y el mundo educativo e iba «más allá» de una verdadera formación cívica acorde con las recomendaciones del Consejo de Europa.
Por el contrario, ha planteado una asignatura «libre» de cuestiones ideológicas y adoctrinamiento, basada sociedad democrática y las instituciones españoles y europeas.
El ministro se ha comprometido a que se apruebe «por fin» un estatuto del docente público, un marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos de profesorado, que recompense su esfuerzo, recupere su prestigio y los reconozca como «autoridad pública».
«Es el momento de replantearnos el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro de ella, y sustituirlo por otro que garantice la selección de los mejores y relacione el progreso de los seleccionados con los resultados que obtengan», ha dicho.
El ministro se ha referido a la enorme inversión de recursos hasta ahora en el sistema educativo, pero que ha sido «ineficiente» a la vista de que los resultados de los alumnos españoles están «muy por detrás» de las medidas de la OCDE
Wert ha mencionado el estancamiento e, incluso, retroceso del sistema educativo, que se ha acentuado, ha asegurado, en las dos últimas legislaturas, pues se ha reducido el nivel de exigencia, en particular en la educación pública.
Sobre el bilingüismo, ha anunciado que se reunirá con las CCAA para aunar criterios y ha pedido cambiar el enfoque de estudiar inglés por el de «estudiar en inglés», promoviendo la enseñanza desde el segundo ciclo de infantil y una segunda lengua extranjera en la obligatoria.
Las universidades también necesitan un «gran impulso reformista» para mejorar resultados, para lo que un Consejo de Expertos de Alto Nivel emitirá un dictamen dentro de seis meses.
Ha comparado el 0,7% de financiación privada de la universidad pública española con el 1,2% de la UE, así que será de «gran utilidad» la próxima ley de mecenazgo.
Em sembla encertat haver canviat els continguts d'una assignatura molt polèmica, amb detzenes de milers de families objectores. Tanmateix, és molt probable que els tribunals europeus ens hi haurien obligat i sempre queda més bé fer-ho voluntariament. A mès, el Sr. ZP no serà desautoritzat així per aquestos tribunals, en espera d'allò que diran sobre la seva idea per a la financiació de la nostra televisió pùblica.