El Gobierno ha hecho un llamamiento «a la reflexión y la responsabilidad», especialmente de la clase política, ante la virulencia de las críticas al Tribunal Supremo por su condena a Baltasar Garzón, y ha mostrado su «preocupación» por la imagen que éstas dan de la democracia española.
«Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras», ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha añadido: «Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España».
La «número dos» del Ejecutivo, que se ha negado a hacer una valoración de la sentencia diciendo que «un Gobierno no comenta las resoluciones judiciales; las respeta y, si es parte, las acata», ha hecho estas declaraciones 24 horas después de que se conociera la condena a Garzón.
Un ejemplo de éstas son las palabras pronunciadas por el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha dicho que la sentencia «deteriora la imagen democrática de España en el mundo».
Doble vergüenza
Llamazares vaticinó que la «vergüenza será el doble» si el caso llega a los tribunales internacionales y éstos fallan que «no se garantizó un juicio justo» al juez.
En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de ICV, Joan Herrera, que ha dicho que la condena de Garzón y la absolución del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps son dos resoluciones judiciales que «deslegitiman el sistema democrático».
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.
«España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, dijo Colville.