La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy expulsar a Baltasar Garzón de la carrera judicial, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a once años de inhabilitación por prevaricación por ordenar las escuchas del «caso Gürtel».
Así lo ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota de prensa en la que señala que los miembros de la Permanente, «en su reunión ordinaria de hoy» -aunque éstas se celebran los martes-, ha acordado «proceder al cumplimiento de la sentencia» y hacer efectiva la expulsión de la carrera, que no obstante deberá ser ratificada por el pleno del CGPJ el próximo jueves.
La sentencia inhabilitaba a Garzón durante 11 años para el cargo de juez o magistrado, «con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo».
La Comisión Permanente dispone la anotación de la condena en el expediente personal de Garzón «para constancia y efectos», y la notificación de su acuerdo a la Audiencia Nacional y al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que era titular, «para debida constancia en el libro de ceses y posesiones».
Además, la expulsión de la carrera deja sin efecto las suspensiones provisionales acordadas por el CGPJ el 14 de mayo de 2010 -por la causa que se abrió a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, aún pendiente de sentencia- y el 19 de abril de 2011 -por el caso de las escuchas del «caso Gürtel», por el que ha sido condenado-.
El acuerdo adoptado hoy también se notificará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dictó la sentencia condenatoria; al Ministerio de Justicia; a la Mutualidad General Judicial y al propio Garzón.
Aunque la expulsión de la carrera es efectiva desde hoy, el acuerdo de la Permanente deberá ser ratificado por el pleno del órgano de gobierno de los jueces -que se reunirá el próximo jueves-, según lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.
La condena a Garzón por intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el «caso Gürtel» mantuvieron en prisión con sus abogados provocó duras críticas desde sectores políticos y jurídicos al Tribunal Supremo, cuyo presidente, Carlos Dívar, ha vuelto a salir hoy en defensa de este órgano.
Y es que la reunión de la Comisión Permanente en la que se ha hecho efectiva la expulsión de la carrera de Garzón ha coincidido con el acto de toma de posesión de dos nuevos magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo durante el que Dívar ha vuelto a aludir a las críticas recibidas tras la sentencia.
«Doscientos años nos contemplan; doscientos años contemplan nuestra competencia y sabiduría, aunque a veces haya algunas voces deslegitimadoras», ha dicho el presidente del Supremo, que ha añadido que este tribunal «es supremo en su jurisdicción, en la calidad de sus resoluciones y en la categoría y honestidad de todos sus miembros».