El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy que el Gobierno no contempla el establecimiento del copago sanitario para corregir el déficit, pero sí estudia la posibilidad de establecer un pago progresivo en función de la renta por las prestaciones sanitarias.
Durante una entrevista en la cadena SER, ha asegurado que las actuales prestaciones del sistema sanitario español "no se van a tocar", y ha reiterado su intención de "evitar" el modelo de copago como el proyectado en Cataluña.
El Gobierno, ha explicado, tiene que valorar si se deben mantener todas las prestaciones sanitarias de forma gratuita a alguien cuya renta supere los 100.000 euros.
Es necesario, ha explicado, priorizar los servicios básicos y eliminar lo superfluo, para lo cual el Gobierno abrirá un debate con las comunidades autónomas, ya que en esta cuestión "nos jugamos el futuro de la calidad de la sanidad española", ha dicho.
"Nos hemos encontrado con una comunidad autónoma -Andalucía- que no ha encontrado proveedores para una subasta, y eso crea un déficit estructural que no podemos mantener", ha recordado.
En la misma línea se ha pronunciado el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, en declaraciones a Radio Nacional.
Echániz ha dicho que las comunidades autónomas plantearán sus alternativas para garantizar la financiación de la sanidad y que algunos pueden cuestionar si tiene sentido que todos los españoles paguen los medicamentos a quienes tienen rentas altas. "A Botín, si se me permite el ejemplo", ha subrayado, en referencia a Emilio Botín, presidente del Grupo Santander.
El ministro se ha referido al abultado déficit de la administración pública, que "el año pasado en gran parte se debió a las comunidades autónomas", un déficit que el Ejecutivo va a seguir muy de cerca.
De Guindos ha recordado que esta semana se debate la ley de estabilidad presupuestaria, lo que no supone, ha matizado, que el Gobierno actúe como "un poli malo", ya que "estamos todos en el mismo barco y todos tenemos los mismos compromisos frente a los mercados y frente a la unión monetaria".
No obstante, De Guindos ha rechazado que se vayan a modificar las competencias autonómicas en materia sanitaria o de educación, pero sí racionalizar y coordinar políticas y eliminar redundancias para que el sistema sea sostenible, al tiempo que ha negado que Ceuta o Melilla vayan a tener planes específicos.
Respecto a la colaboración futura con el Gobierno andaluz, De Guindos ha asegurado que "sea del color que sea, se va a encontrar con unas restricciones muy importantes y va a necesitar coordinarse con la Administración Central", ya que de lo contrario "Andalucía se hará daño a sí misma y a otros".
El ministro ha justificado la reciente subida de impuestos como el IRPF o el de sociedades, lo que "no es un plato de gusto", como una vía para obtener ingresos, aunque ha aclarado que no cree que haya nuevas alzas de tributos.
También ha justificado la amnistía fiscal para el dinero negro por las dificultades que ha tenido España para financiarse, para lo que ha tenido que buscar el respaldo del Banco Central Europeo (BCE).