La reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno para endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio, incluso internet, de actos que alteren gravemente el orden público.
«Es un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizando y que según nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico», aseguró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Se trata, según él, de perseguir penalmente a aquellas personas que se concierten previamente para provocar de forma coordinada incidentes callejeros violentos o ataques contra las Fuerzas de Seguridad, otros ciudadanos o el mobiliario urbano.
La idea con la que trabajan conjuntamente los ministerios del Interior y Justicia es castigar con una pena mínima de dos años estas conductas, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla.
«Guerrilla urbana»
Previamente, en la sesión de control en el Congreso, Fernández Díaz justificó que el castigo para los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero ante «la espiral de violencia» protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de «guerrilla urbana».
El titular de Interior también detallo que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir entre las «modalidades de acometimiento» -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.
Además se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando éstas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.
En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan en estos establecimientos, sino también a los que se deriven de la interrupción de cualquier servicio público.
«Creemos que hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza», subrayó Fernández Díaz, que insistió en que «no es asumible» que la policía pueda recibir insultos e injurias por parte de manifestantes sin que ello conlleve ningún castigo.