La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades autónomas incorporar la derecho español, un artículo que «prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria», para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
«Como no hemos incorporado ese articulo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto de que hay personas europeas que tiene más derechos sanitarios que muchos españoles», ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inter territorial de Sanidad.
De este modo, ha añadido, se pretende «acabar con el turismo sanitario y para acabar con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España».
Así, el Gobierno además de atender a una «demanda social», conseguirá un ahorrar, aproximadamente, teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas del año 2011, 1.000 millones de euros que «es lo que se está gastando de más en este tipo de prestación sanitaria».
Esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba, ha señalado Mato, que «se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países».
Como ejemplo, ha denunciado que «hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España».
Con el mismo objetivo, se va a modificar el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería para clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de modo que las personas que viene de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.
De este modo, explica, se pretende evitar que «con una misma tarjeta sanitaria, vengan 5 ó 6 personas de una misma familia solo a utilizar la asistencia sanitaria española y se vuelvan a su país».