La huelga histórica en todas las etapas de la educación pública contra los «recortes» ha tenido un seguimiento desigual en las 14 comunidades donde estaba convocada por los sindicatos principales del sector, con incidentes aislados relacionados con las protestas. El Ministerio de Educación ha estimado en un 22,7 por ciento los trabajadores que se han sumado a la huelga, mientras que FETE-UGT, FE-CCOO, ANPE, CSIF y STES lo han elevado a una media del 80 por ciento: 90 en las universidades y 70 en las otras enseñanzas.
La jornada ha sido considerada un «éxito rotundo» por los sindicatos, que han pedido al ministro de Educación negociación, diálogo y acuerdo.
Apoyo
Con el apoyo de asociaciones de alumnos, los padres de CEAPA, IU, PSOE y organizaciones sociales, los sindicatos habían convocado también concentraciones y manifestaciones para esta tarde en las principales ciudades.
Encabezada por la pancarta «La Educación no es gasto. Es inversión. No a los recortes», la manifestación de Madrid se ha dirigido hasta las inmediaciones del Ministerio de Educación y la Consejería autonómica, con la asistencia del líder de IU, Cayo Lara, y la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez.
En Madrid, han sido detenidos dos jóvenes por dificultar el tráfico en un campus universitario; además, una treintena habían impedido el acceso a la estación de Metro de Ciudad Universitaria durante media hora. En Barcelona, cinco jóvenes han sido arrestados por sellar con silicona las cerraduras de varios colegios, al margen de varios cortes de tráfico momentáneos.
En País Vasco, Balears y La Rioja, los sindicatos mayoritarios no han optado por la huelga, sino por otro tipo de movilizaciones. En general, durante las horas previas a la huelga, se han sucedido encierros en facultades y colegios y asambleas en las que profesores, alumnos y padres han debatido cómo afectan los ajustes a la calidad de la enseñanza.
La reducción del presupuesto de Educación para 2012 en un 21 por ciento, según los sindicatos, y el decreto-ley de racionalización del gasto educativo autonómico -que contempla medidas para ahorrar más de 3.000 millones de euros- han sido los argumentos para la convocatoria.