El Ministerio de Sanidad está decidido a acabar con el «turismo sanitario» y ahorrar así cerca de mil millones al año para lo que quiere acordar con las CCAA el pago de una cuota mensual por parte de los extranjeros que se encuentren en España y no sean ni asegurados ni beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La medida está diseñada para españoles «rentistas» que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes irregulares.
El diario El País publica hoy que Sanidad planea exigir 710 euros al año a los 'sin papeles' por ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, a través de la suscripción a algo similar a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.
Fuentes del departamento que dirige Ana Mato han explicado a Efe que las cuotas previstas para estos convenios se deberán suscribir con los servicios de salud de cada comunidad autónoma.
Según figura en la memoria económica que el Gobierno ha elaborado como acompañamiento al real decreto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, las cuotas son de 59,20 euros mensuales, y de 155,40 euros en el caso de los mayores de 65 años.
Críticas de la oposición
Las medidas planteadas por el Gobierno han suscitado las críticas de los partidos de la oposición -PSOE e IU- mientras que el PP ha valorado los pasos que se den para que España deje de ser un «paraíso» de la inmigración ilegal.
Así lo ha manifestado el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha instado a los 'sin papeles' a volver a sus lugares de origen y ha abogado por tratar de homologar la legislación española a la de otros países de la UE, tras recordar como ejemplo que en Alemania cualquier inmigrante tiene que pagar un seguro médico.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha asegurado que su partido está «absolutamente en contra» de que se cobre una cuota mensual a los inmigrantes irregulares para ser atendidos en la Sanidad Pública.
En el mismo sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha acusado al Ejecutivo de «criminalizar» a los inmigrantes y de tratar de hacerles responsables de un, a su juicio, «inexistente» despilfarro en la sanidad.
Desde el País Vasco, el Gobierno autónomo ha reiterado que mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos y ha señalado la nueva norma conduciría a una «completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado» que dejaría a las comunidades el papel de «meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias».
La Organización Médica Colegial (OMC) ha defendido que todos los inmigrantes sean atendidos por la sanidad pública tanto por motivos de prevención de enfermedades como económicos.
Para los médicos, su obligación ética es atender a todos los ciudadanos y han considerado que el sistema sanitario publico abarca a todos los que residen en España.
Rechazo frontal
Algunas asociaciones han expresado su rechazado frontal a los planes del Gobierno como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) que ha destacado que se trata de «poner precio a la salud y a la vida» y de poner coto al derecho «inalienable» a la salud pública.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se ha opuesto también al considerar que las cantidades establecidas son «excesivamente elevadas» para algunos grupos de población y «sospechosamente parecidas» a los costes de los seguros privados.
Esta organización ha observado que el nuevo sistema afectaría a las personas que lleven empadronadas en España más de un año por lo que seguirían quedando fuera de la cobertura sanitaria un grupo importante de población, los que viven en una situación de mayor precariedad económica y social.
El Ministerio ha insistido en un comunicado en que «todos los ciudadanos» tendrán garantizada su asistencia básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, al tiempo que ha recordado a los 'sin papeles' «la necesidad de que regularicen su situación».