La clínica forense de la Audiencia Nacional considera que el etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios de la prisión de Zaballa (Álava) y no es necesario que esté ingresado en un hospital.
Así consta en el informe que ha presentado hoy la médico forense de este tribunal ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, en el que, a lo largo de seis folios, concluye que el terrorista puede ser tratado desde la cárcel, han informado fuentes jurídicas.
La forense ha llegado a esta conclusión tras analizar los informes médicos del Hospital Donostia de San Sebastián y de la cárcel alavesa, la cual había informado de que el cáncer que padece el secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara «exige» su ingreso hospitalario, tal y como señaló ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Fernández Díaz resaltó que de esta forma ya se habían completado los informes que la semana pasada requirió a Prisiones el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en sustitución de Castro, para saber si el recluso podía ser tratado por los servicios sanitarios de la cárcel.
La dirección de la prisión de Zaballa precisó, según el ministro, que las cárceles «tienen enfermerías que son consideradas centros de asistencia primaria, y el tratamiento exige estar ingresado en un hospital».
Así, el juez central de Vigilancia Penitenciaria ya cuenta con los informes completos sobre el estado de salud del etarra en los que se basará para decidir sobre su puesta en libertad condicional, aunque antes deberá pronunciarse la Fiscalía sobre su conveniencia.
Uribetxebarria Bolinaga permanece ingresado en el hospital Donostia desde el pasado 1 de agosto, donde ha mantenido una huelga de hambre durante quince días que abandonó el pasado miércoles «para priorizar su vida» y por «la situación de extrema debilidad de su estado de salud».
El pasado lunes llegó a la Audiencia Nacional el informe forense elaborado en el centro hospitalario sobre el estado de salud del preso, si bien la Fiscalía consideró que estaba incompleto al no estar firmado por «personas concretas», sino por una comisión médica, cuyos nueve integrantes no figuraban en el documento.
Asimismo, el Ministerio Público alertó de que tampoco figuraba el historial clínico del paciente ni sus antecedentes médicos.
Tras esta advertencia de la Fiscalía, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió al juez central de Vigilancia Penitenciaria el listado de los facultativos que habían suscrito dicho informe con la «expresa referencia» de que diera traslado al Ministerio Fiscal.
Junto a esa relación de médicos, Prisiones remitió también el historial clínico del interno, documentos todos ellos que ha analizado y estudiado la clínica forense de la Audiencia Nacional.