La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron ayer adoptar medidas urgentes contra los desahucios que se plasmarán en un real decreto ley o en un proyecto de ley que se tramitará por el procedimiento de urgencia.
La intención es articular medidas «preventivas y paliativas», que tengan el máximo consenso y que presten una atención preferente a las familias en situación más vulnerable, las que tengan niños y mayores a su cargo, y a las situaciones de especial vulnerabilidad, según informan desde el Gobierno y el Partido Socialista.
El próximo lunes se reunirá un grupo de seis expertos, tres por parte del Ejecutivo y otros tres por parte del PSOE, que serán los encargados de diseñar los detalles técnicos de la propuesta.
En sendos comunicados, Valenciano y Saénz de Santamaría insisten en la necesidad de que se acometa el problema de los desahucios con celeridad, así como que las medidas tengan el máximo consenso y la mayor efectividad posible.
La vicepresidenta del Gobierno y la 'número dos' del PSOE serán las encargadas de seguir el curso del trabajo que realicen los expertos designados por ambas partes.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre de este año los desahucios solicitados ascendieron a 18.886, mientras que los órganos judiciales acordaron la práctica directa de 29.275 desahucios.
Entre 2006 y 2011 se presentaron 396.943 ejecuciones hipotecarias, una cifra equivalente al 10 % de las hipotecas formalizadas a favor del comprador de vivienda en el mismo periodo de tiempo.
Por su parte, los jueces decanos de España expresaron ayer su apoyo «incondicional» al informe para frenar los desahucios que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó estudiar en su día y reclamaron «humanizar» la ley hipotecaria para hacer frente a lo que entienden una auténtica «lacra social». «No queremos ser meros cobradores del frac», dijo el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, que lamentó que el aumento «exponencial» de la litigiosidad provocada por los procesos de ejecución hipotecaria» supone un «drama» ante el que los jueces no son insensibles, aunque no esté en sus manos «reinventarse normas jurídicas» para combatirlo.