El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto de medidas urgentes para evitar un nuevo incremento de la factura eléctrica, una reforma que conllevará recortes a la retribución de las actividades reguladas y cambios en las primas a las renovables y con la que se prevé ahorrar entre 600 y 800 millones.
Además, se ha remitido al Consejo de Estado un proyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente a los posibles desfases que se registren a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial (renovables y cogeneración), con el fin de que éstos no se traduzcan en subidas de la luz.
El crédito será otorgado al Ministerio de Industria y, una vez aprobado por el Consejo de Estado, se tramitará como proyecto de ley, ha explicado el ministro del ramo, José Manuel Soria, quien ha asegurado que el Gobierno mantiene el objetivo de déficit de tarifa «cero» para 2013.
«El objetivo es que no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas», ha afirmado Soria, quien ha explicado que la parte del crédito que se use computará como déficit público.
El real decreto ley, ha apuntado, incluye dos medidas de carácter regulatorio.
La primera, con la que se prevén ahorros de entre 330 y 340 millones de euros, pasa por cambiar el método en virtud del cual se revisan anualmente las retribuciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico: transporte, distribución, sistemas extrapeninulares y primas al régimen especial.
Hasta ahora, estas retribuciones se actualizaban en función del IPC mientras que «a partir de hoy», según Soria, se hará en base a la inflación subyacente -aquella que no recoge la evolución de los precios de los productos energéticos y alimentos frescos- y «a precios constantes» para evitar la repercusión de los impuestos indirectos mayores.
Esta modificación, ha afirmado, no supone «cambiar las reglas del juego» si no racionalizar el modo en el que se actualizan dichas retribuciones.
El segundo de los cambios, con el que se prevén ahorros de entre 250 y 500 millones de euros, afecta al real decreto 661 de 2007 que permitía a los productores del régimen especial elegir en todo momento entre percibir una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.
Esta posibilidad hacía que las empresas se acogieran a la segunda de las opciones cuando el precio de mercado estaba alto y a la primera cuando estaba bajo, lo que, a su vez, se reflejaba en el precio de la luz.
A partir de ahora, deberán elegir una de las vía con carácter permanente, con lo que se evitará que cambien de opción en función del mercado, ha explicado Soria, quien ha añadido que hay veces que la conveniencia del productor «no coincide con la conveniencia del consumidor».
Preguntado por si el Gobierno no teme ser demandado por los productores del régimen especial, Soria se ha limitado a señalar que al Ejecutivo ha adoptado estas medidas en defensa del interés general.
Con estas medidas, se pretende que este año no se genere déficit de tarifa eléctrico y que, si hay, sea el mínimo posible, según Soria, quien ha insistido en que la intención del Gobierno es que el precio de la luz varíe únicamente en función del mercado.
Los costes del sistema eléctrico se han incrementado de forma «creciente» en los últimos meses, mientras que los ingresos han caído debido al descenso de la demanda, de ahí la necesidad de «medidas urgentes», ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría .