La Fiscalía de Barcelona ha pedido a la juez que impute al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta vinculación con la supuesta trama de cargos públicos y empresarios del sector de las ITV en Catalunya para la adjudicación irregular de estas estaciones, han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía.
Debido a que Pujol es diputado en el Parlament, y por tanto es aforado, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, no tiene potestad para imputarlo y deberá remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que es el competente para adoptar esta decisión.
La petición de la Fiscalía ha llegado después de que un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario situase al único hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se ha dedicado a la política como «colaborador necesario» de la trama de las ITV.
Según consta en el sumario, Oriol Pujol es «el hombre encargado de aportar influencia política» y de mediar para conseguir beneficios a este grupo de empresarios.
En este sentido, Oriol Pujol ha negado este mediodía en rueda de prensa cualquier implicación en la presunta trama de cargos públicos y empresarios del sector de las ITV en Catalunya para la adjudicación irregular de estas estaciones. Pujol ha lamentado que «en la medida de que esto se pueda acabar produciendo, me podré defender, cosa que aún no he podido hacer». «Siendo consciente de que la clasificación mediática --incluso, a menudo, la opinión pública en relación a una persona imputada tiende a equipararse a la de culpable--, vale la pena decir que nadie debe estorbar al proceso histórico que ha puesto en marcha esta formación política», ha añadido.
Hechos investigados
Uno de los empresarios imputados en esta trama, Sergio Alsina, y la esposa de Pujol, habían trabajado en la misma empresa, la consultora industrial Alta Partners, y los investigadores sospechan que ella pudo haber emitido presuntamente facturas falsas por conceptos genéricos.
Los imputados en este caso son el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, Josep Tous, y tres empresarios del sector de las ITV: Sergio Pastor, Sergio Alsina y Ricard Puignou.
Tras salir a finales de julio del año pasado este informe de Hacienda que lo situaba como clave de la trama, Oriol Pujol defendió ser inocente durante una comparecencia en el Parlament convocada para defender a su partido de las acusaciones de financiación irregular a través del Palau de la Música: «No soy ni colaborador ni necesario».
El político convergente aseguró que no había «montado» ninguna empresa del sector de las ITV y que no tiene capacidad para responder de las conversaciones de imputados en este caso que investiga la justicia en las que su nombre aparezca citado.
MAPA DE ITV
Todo el caso parte de la reforma que hizo el tripartito del mapa de las ITV catalanas, un mercado hasta el momento dominado por dos empresas que gestionaban 44 centros, las dos de Applus+, que lanzó dos concursos con dos lotes y tres estaciones cada uno, ganados por Atisae e Itevelesa, con lo que el mapa de ITV alcanza las 50 estaciones.
El primer concurso lo recurrió Certio ITV ante un juzgado contencioso administrativo porque consideró que se ha hecho mal, ya que algunas de las condiciones se establecieron después de que las empresas presentaran su oferta y la sala quinta del TSJC paralizó este concurso.
El magistrado ponente de aquél recurso fue Joaquín Ortiz, investigado dentro de este mismo caso por reunirse en un almuerzo con Ricard Puignou y los servicios jurídicos de la Generalitat.
Un segundo recurso, presentado por Oca, dificultó aun más que se normalizara la situación del mapa de las ITV, este recurso, además, lo resolvió el TSJC tumbando el decreto del tripartito que creaba un nuevo diseño de este sector, dejándolo todo en el aire.
Es en este momento complicado cuando presuntamente estos empresarios habrían tratado de crear una nueva sociedad mediante la búsqueda de influencias políticas.