En plena reforma hipotecaria, y mientras prepara el arbitraje de las preferentes de Bankia, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, denuncia la nula autocrítica del sector bancario y un sistema legal laxo ante los directivos que causan perjuicios económicos.
«Aquí somos absolutamente laxos para los grandes gestores y no lo somos para el pobre señor que no ha gestionado bien su hipoteca». «Me parece bien lo planteado en Alemania», dice en una entrevista, en referencia al proyecto de ley aprobado esta semana por el Gobierno de Berlín que regula las actividades de bancos y aseguradoras y prevé sanciones económicas y penas de cárcel.
Según Sauquillo, la propuesta legislativa hecha en España sobre la honorabilidad de los gestores prevé más circunstancias eximentes ante actuaciones que comprometen la economía de muchas personas, cuando en su opinión debería, como mínimo, obligar a devolver el dinero, que el directivo responda con sus bienes y pueda ser inhabilitado.
Para atajar esta situación, el CCU apuesta por crear una sección dentro de la fiscalía que actúe en defensa de los intereses colectivos de los particulares.
Los casos de comercialización irregular de productos financieros, las cláusulas hipotecarias abusivas o la problemática de los desalojos de viviendas se multiplican en plena crisis económica y tienen una atención creciente por parte de la ciudadanía y de las asociaciones de consumidores.
Sauquillo pide de forma urgente «una moratoria de, al menos, tres años (uno más de lo fijado en la ley vigente) y paralizar todo el proceso de ejecución hipotecaria desde el principio», y no solo la fase de expulsión de la vivienda, denominada técnicamente lanzamiento, como estipula el real decreto que aprobó el Gobierno el pasado noviembre.
En el procedimiento actual, el deudor inmerso en una ejecución hipotecaria tiene que afrontar los gastos del proceso, los intereses de demora, pierde la propiedad si su vivienda llega a la fase de subasta y continúa debiendo dinero a la entidad, explica.
«En el fondo se trata de hacer como ocurre con las empresas, ver qué situación tienen para intentar sacarla adelante. Que el deudor pueda reflotar y afrontar sus deudas y que el banco lo facilite», resume.
concesion de beneficios fiscales especiales a los bancos que cumplan y ayuden a los ciudadanos a adquirir su primera vivienda,y penalizar los beneficios bancarios el 90% a todos los que no cumplan.