Los grupos parlamentarios se han comprometido a estudiar «la mejor fórmula» para aplicar la ley de Transparencia a los partidos, los agentes sociales y las «entidades e instituciones que se financian esencialmente a través del dinero público», lo que podría afectar a la Casa Real.
Este acuerdo se ha incluido en una propuesta de resolución consecuencia del debate del estado de la nación que han firmado PP, CiU, UPyD, UPN y CC con el objetivo de suscribir un pacto contra la corrupción y la transparencia.
El PNV ha votado a favor, pero el PSOE, la Izquierda Plural y parte del grupo mixto (Amaiur, BNG y Geroa Bai), a pesar de compartir buena parte de sus propuestas, se han abstenido y la iniciativa ha sido aprobada con 214 votos.
La Corona
Ha sido el portavoz de CiU, Pere Macías, quien ha subrayado ante el pleno del Congreso que se estudiará la posibilidad de que la Corona se someta a la ley de transparencia al ser una institución que se financia con recursos públicos.
En su propuesta inicial, el PP hablaba sólo de «entidades», y no de «instituciones», pero fuentes del grupo parlamentario han dejado claro que su posición no ha cambiado y que han aceptado esta nueva redacción en aras del consenso para lograr un pacto abierto.
En opinión de los populares, podrían quedar bajo la ley de transparencia los recursos públicos que emplean diversos ministerios -como Interior o Asuntos Exteriores-, al servicio de la Casa Real, pero no la propia Casa Real, ya que la Constitución establece que el Rey «distribuye libremente» la cantidad que recibe de los presupuestos «para el sostenimiento de su familia y Casa».