El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto sobre la función social de la vivienda, concebido como un «plan de choque para frenar la sangría social» de los desahucios con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas «en inminencia» de desahucio «en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas» o las multas de hasta 9.000 euros a las entidades con viviendas vacías.
Según la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), el decreto, que se aplicará «sin dilación», introduce además medidas de «incentivo» a particulares y «sanciones» a bancos e inmobiliarias para que «salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía», que cifró entre 700.000 y un millón de viviendas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.
Otra novedad es la creación «por primera vez» de un registro de viviendas deshabitadas con el objetivo de «arrojar luz sobre una realidad incomprensiblemente desregulada y opaca», subrayó Cortés, que destacó que la Junta lanza con esta regulación el mensaje de «hasta aquí hemos llegado» ante una situación que ha alcanzado «45 desahucios al día en Andalucía, casi 86.000 desde el año 2007».
La titular del ramo, que aseguró que esta normativa supone «un cambio profundo, radical y estructural» en defensa de la vivienda «como derecho humano», ha insistido en que este decreto se aprueba en un contexto de «absoluta emergencia social y económica para frenar de forma inmediata una sangría social».