El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, va a convocar a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos para presentar las medidas de ahorro que les competen.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Si se aplicasen las 217 medidas recogidas en ese documento, el ahorro sería de 6.500 millones
Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado, además, una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma. También presentará anualmente un «análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer».
Completa implantación en 2015
Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015, la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.
Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece «una guía» de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.
Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades, como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos.
En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha subrayado que el objetivo del Gobierno es hacer una administración «más racional, más eficaz y eficiente», así como que «funcione mejor» y de una «manera más barata».
El Gobierno dice que ya está hecha «la paret dura del ajuste»
El Gobierno asegura que ya está hecha «la parte dura del ajuste» del empleo público, y que la reforma de la administración pública que ha presentado no reducirá más el número de funcionarios aunque se prevea la supresión de instituciones y organismos públicos.
Los planes del Ejecutivo pasan por recolocar a estos funcionarios, reforzando su formación para que puedan desempeñar nuevas tareas en otros departamentos.
Ante este tema, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ha impuesto a todas las administraciones la imposibilidad de cubrir los huecos que se van quedando en la función pública, salvo en determinados servicios. Los funcionarios de esos organismos que van a desaparecer, podrán ocupar esos huecos o reforzar departamentos que están necesitados de más personal.
Montoro se reunirá con las CCAA y los ayuntamientos
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunirá la próxima semana con las CCAA y con las entidades locales para presentarles la parte de la reforma de las administraciones públicas que les atañe, de manera que estudien cómo incorporar los ahorros previstos en sus presupuestos para que tenga consecuencias en el cumplimiento del objetivo de déficit.
Hacienda se reunirá con las entidades locales y con las comunidades en la Conferencia Nacional de Administración Local y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, respectivamente, en el que Montoro les entregará el informe presentado este viernes.
El informe y los cálculos de ahorro que ha presentado el Gobierno incluye ya ajustes que corresponde hacer a las autonomías voluntariamente, según ha admitido el ministro de Hacienda en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El ministro ha apelado a la «lealtad institucional» para que las autonomías apliquen estas medidas, aunque también ha recordado que tienen «la obligación» de cumplir los objetivos de déficit público.
La reforma fiscal culminará en 2014
Asimismo, Cristóbal Montoro ha anunciado que la reforma fiscal que prepara el Gobierno estará culminada en marzo de 2014, una reforma que calificó de «completa» y que revisará tanto la imposición directa como indirecta.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montoro respondió de esta manera al ser preguntado por la recomendación que ha realizado el Ecofin a España para que aplique el tipo reducido del IVA a menos productos.
Para el ministro, esta recomendación no se puede identificar «como una llamada a la subida del IVA de nuevo en España», y afirmó que «en modo alguno» Bruselas está obligando al Gobierno a promover ninguna subida de este impuesto, «ni siquiera de los tipos reducidos».
Montoro se ha referido a la aprobación que han hecho pública os ministros de Economía de los Veintisiete este viernes. El grupo ha dado a España dos años extra, hasta 2016, para situar el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB. A cambio, han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que acelere reformas como la de las pensiones y que suba el IVA para algunos productos y los impuestos a los carburantes.
El Ecofin considera que el plan de reformas aprobado por el Gobierno «va en la buena dirección», pero subraya «la urgencia de adoptar y aplicar de forma eficaz las reformas pendientes de forma que puedan empezar a generar los efectos positivos esperados», según el borrador que aprobarán los ministros.
Con la relajación que autoriza el Ecofin, los nuevos objetivos de déficit son el 6,5% para este año (dos décimas más de lo que había pedido el Gobierno), el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.
Para este año, la UE reclama a España aplicar los presupuestos para 2013 «en todos los niveles de la administración» y «estar preparada para adoptar medidas correctivas en caso de desviaciones de los planes presupuestarios». Además, el Gobierno debe especificar las medidas estructurales que piensa adoptar para los años 2014-2016 con el fin de cumplir los nuevos objetivos. La meta final debe ser llegar al equilibrio presupuestario en 2018.
El Ecofin exige además que se ponga en marcha antes de final de año la autoridad fiscal independiente y que se mejore la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas.
En materia de impuestos, los Veintisiete respaldan la petición de Bruselas a España para que suba el IVA a algunos productos a los que en la actualidad se aplica el tipo reducido, que aumente los impuestos especiales sobre carburantes y que suprima las deducciones en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades.
Así, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá «realizar una revisión sistemática del sistema fiscal para marzo de 2014». Como parte de este ejercicio, España tendrá que «explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos», así como «adoptar medidas adicionales en impuestos medioambientales, especialmente por lo que se refiere a impuestos especiales e impuestos sobre los carburantes».
Que conyo de reforma, vamos para atras 30 años, esto es una vuelta a la centralización y punto. Veremos como se lo toman algunos....