Las bodas y divorcios se podrán tramitar a partir de ahora ante el notario, según anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al informar del anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria aprobado por el Gobierno.
Según explicaron la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saenz de Santamaría, y Alberto Ruiz Gallardón en rueda de prensa, se trata de liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales en las que no haya litigio entre partes.
Añadieron que con ello se descongestionará a la Administración de Justicia para que determinados asuntos sean resueltos por otros operadores como notarios, registradores y secretarios judiciales de una forma más ágil.
Ámbito público
Alberto Ruiz-Gallardón aclaró que no se trata de privatización alguna ya que «todo entra dentro de lo público» pues se descarga a los jueces de tareas que hasta ahora eran de su competencia exclusiva y que asumirán otros funcionarios públicos como son los notarios, los registradores y los secretarios judiciales.
El ministro comentó que tan solo existirán costes no obligatorios si se opta por alguna de las vías previstas en la ley, como por ejemplo contraer matrimonio ante notario. No obstante, en este caso será el Gobierno el que fije el arancel a pagar por cada matrimonio ante notario, que será de 95 euros, cantidad que calificó de asumible teniendo en cuenta que es un acto que no se celebra muchas veces en la vida.
De esta forma los más de 50.000 expedientes de jurisdicción voluntaria sin controversia ni disputas se redistribuirán entre los diferentes operadores para que los jueces puedan centrarse en su principal tarea que es «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».