Asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo denuncian la «dejadez» y el perfil «premeditadamente bajo» del Gobierno, así como la «irresponsabilidad» e «insensiblidad» de los jueces de la Audiencia Nacional y Provincial de Barcelona por la excarcelación de once etarras este viernes, en aplicación de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 21 de octubre.
Así lo indican en un comunicado conjunto la Asociación Víctimas del Terrorismo, Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Voces contra el Terrorismo, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Foro de Ermua, Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, Fundación Muñoz Cariñanos y Fundación Luis Portero García.
Estas organizaciones denuncian la «dejadez y el perfil premeditadamente bajo» del Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacer frente a la «presión» de la campaña «propagandística internacional» efectuada por la izquierda abertzale, de la que las víctimas le advirtieron desde octubre de 2012 y marzo de 2013 para evitar «este grotesco desenlace». «El Gobierno sabía perfectamente que no bastaba con dar instrucciones a la Abogacía del Estado para recurrir la sentencia ante la Gran Sala y muchas veces no hacer nada de lo que se debe tiene efectos tan perversos como hacer todo lo que no se debe», advierten.
Asimismo, aseveran que la Audiencia Nacional ha actuado de forma «irregular, injustificable, irresponsable e insensible» al no haber esperado a la decisión del Pleno del Tribunal Supremo, prevista para el próximo 12 de noviembre, para fijar el criterio con el que debe aplicarse la Sentencia del terrorista Del Río Prada.
Estas organizaciones ven «especialmente doloroso» el auto «repentinamente» adoptado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras el «sorprendente» voto de calidad de su presidente, Fernando Grande Marlaska, por el que se pone en libertad a nueve asesinos terroristas que, según recuerdan, «no han mostrado arrepentimiento alguno por sus crímenes, ni pedido perdón a sus víctimas».
Las víctimas indican al Ejecutivo que, aunque no tienen competencia para diseñar políticas, sí tienen una «especial cualificación» para ejercitar su derecho a la justicia y para «tener voz» respecto a este asunto. «Nuestra sociedad no debe olvidar que en un Estado de Derecho el derecho a la justicia no es negociable ni relativo. Si se permite algún tipo de impunidad, muchas de las víctimas no podrán completar su duelo. Por ello es necesario un fin del terrorismo con ley y justicia», afirman.
Margen para no aplicar la sentencia
Al hilo de lo anterior, recuerdan al Gobierno que el Estado tenía y sigue teniendo margen para, «al menos», demorarse en el cumplimiento del fallo de Estrasburgo y aseguran que el actual marco jurídico no permite la ejecución en España de las sentencias de dicho tribunal internacional, ya que no existe una ley orgánica en vigor que incluya el cumplimiento de esas sentencias entre los motivos legales de revisión de resoluciones judiciales firmes.
Por último, afirman que el Estado dispone del recurso que le atribuye el artículo 46, en sus apartados 3 a 5, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que faculta a España para que comunique al Tribunal la necesaria supervisión de la ejecución de la sentencia por el Comité de Ministros, aduciendo que no es posible la ejecución interna de la misma hasta que se apruebe la reforma del Código Penal que incluye la revisión de resoluciones firmes en cumplimiento de las sentencias de Estrasburgo.