El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía si debe admitir a trámite una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el secretario general de UGT Cándido Méndez y su tesorero Antonio Retamino por la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado ha abierto diligencias previas destinadas a recabar el criterio del Ministerio Público sobre la procedencia de investigar los hechos denunciados que se centran en la recepción por parte del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato de más de 48 millones de euros en el año 2012.
En un auto hecho público este lunes, Pedraz asegura que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Concreta que «no están establecidas «la naturaleza y las circunstancias de los hechos» por lo que da cuenta a la Fiscalía para que le informe «de las diligencias a practicar».
Entramado «opaco»
En su denuncia Manos Limpias defiende la existencia e un «entramado societario opaco» entre UGT, IFES y dos filiales de este instituto. Asegura que el sindicato, propietario al cien por cien de IFES, «se queda con un 15 por ciento de las subvenciones de cursos» y «disfraza como coste asociado unas comisiones que ascendieron el pasado año a nueve millones de euros».
Manos Limpias acusa a Méndez y el tesorero de UGT de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. El entramado de empresas tiene representación en las provincias de Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Valencia, Navarra y Murcia, concreta la denuncia.
Cabe recordar que precisamente en Baleares el Govern ha reclamado a UGT el reintegro de 1,2 millones de euros que recibieron en subvenciones entre los años 2007 y 2011 -durante la pasada legislatura- y que no se justificaron. Según explicó el pasado viernes la portavoz del Ejecutivo balear, Núria Riera, el Govern detectó estas irregularidades después de que Europa pidiese la justificación de estas cantidades y, por ello, reclamó al sindicato el reintegro de esta cantidad.
No obstante, este proceso se encuentra actualmente en fase de alegaciones, por lo que la organización sindical podría «justificar si se han destinado las cantidades oportunamente. Además, en la misma situación que UGT se encuentran otras organizaciones sindicales y empresariales que recibieron ayudas en las islas entre los años 2007 y 2011.