El Congreso ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública.
Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, el texto ha sido debatido hoy en la Comisión de Interior del Congreso, que con competencia legislativa plena y a falta de la votación esta tarde, será remitida al Senado.
Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante «ruptura» de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.
Competencias de la seguridad privada
Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, ha puesto el énfasis en una de las enmiendas pactadas por PP y CiU relativa al artículo 41 de la ley, referida a las competencias de las empresas de seguridad privada.
Según la enmienda incorporada al texto, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.
«Cuando viene un vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma», ha destacado Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a que «el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio».
Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son solo «de chapa y pintura» y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista ha señalado que la seguridad pública se da «por terminada».
Una «línea roja» que, en opinión de Trevín, no se debe atravesar pues el actual modelo de seguridad es referente mundial.
Preocupante, a juicio del PSOE, es también el poder que concentrarán las empresas de seguridad privada que con la nueva ley podrán tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario, con lo que el proyecto, ha advertido, «irá aparejado a una reducción salarial en todas las empresas».
También muy crítico con la ley se ha mostrado el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde «una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad».
Apoyo de PNV y CiU
Más satisfechos con la ley se han mostrado PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios.
«La interacción de los intereses de todos es completa», ha asegurado el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley «es buena pero mejorable».
Como satisfactorio ha calificado el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané que también ha reclamado que el Senado mejore el texto.
En concreto, el portavoz de CiU Jordi Jané ha pedido que la Cámara Alta revise «en profundidad» que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública «esté enmarcada en una subordinación».
De lo contrario, ha añadido Jané, se corre el riesgo de establecer «departamentos estancos» de seguridad privada y pública.
Por su parte, para el diputado del PP Francisco Márquez, la nueva norma modernizará la actual ley de 1992 y, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.
«La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional», ha enfatizado Márquez para quien el objetivo de la norma es «contribuir a hacer de España un país más seguro».