El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha citado a declarar al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al exvicepresidente primero y diputado provincial Francisco Martínez como imputados en una causa abierta en relación con la corrida de toros de la Beneficencia.
Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, las declaraciones de ambos se producirán en marzo.
Los hechos se remontan a cuando Carlos Fabra ejercía como presidente de la Diputación de Castellón y Martínez, recientemente destituido de su cargo por «pérdida de confianza» por parte del actual presidente de la institución, Javier Moliner, era vicepresidente y persona de confianza de Fabra.
La corrida de la Beneficencia era una celebración taurina creada por Fabra y cuyo sistema de recaudación de entradas generó polémica, ya que éstas se enviaban directamente a los ayuntamientos y se les descontaba el importe de las mismas del cobro de tributos.
El método de cobro fue investigado por la Fiscalía y en junio de 2013 el TSJCV condenó a la Diputación a abonar al Ayuntamiento de Vila-real los 19.850 euros cobrados mediante compensación por unas entradas que no llegaron a comprar.
La sentencia observaba además «indicios» de un «ilícito penal» en la actuación de la corporación provincial «por malversación de caudales público y/o por prevaricación».
Ante estos indicios, el alto tribunal valenciano remitió esta resolución a la Fiscalía para que se depuraran «las responsabilidades a que hubiere lugar».
Ahora, el citado juzgado vilarrealense ha citado a declarar a Fabra y a Martínez como imputados en relación a estos hechos, aunque todavía no ha trascendido el o los delitos a los que se enfrentan.
La denuncia, según han explicado desde el TSJCV, viene motivada por una querella de la Fiscalía de Castellón en relación a estos hechos.
Otra causa
Con esta imputación, Carlos Fabra volverá a la Ciudad de la Justicia de Castellón de nuevo en calidad de imputado, después del proceso que le juzgó por delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos fiscales, el pasado mes de octubre.
Fabra fue finalmente condenado a cuatro años de prisión y a una multa de cerca de 700.000 euros por cuatro delitos fiscales, y fue absuelto del resto de delitos de los que se le acusaban.
Martínez, por su parte, fue destituido la semana pasada en su cargo de vicepresidente primero y responsable del Área de Infraestructuras de la Diputación después de que Moliner tuviera conocimiento de que la depuradora de Borriol iba a construirse en unos terrenos propiedad de una empresa del hijo de Martínez, de la que éste, además, es poseedor de un tercio de las participaciones.