La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, ha declarado en un comunicado su «absoluta inocencia» con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con su actuación en el caso de los ERE fraudulentos.
Álvarez, tras conocer que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros, ha recordado que su imputación no es firme, por estar pendiente de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia y cuya fecha de deliberación está fijada para el próximo 23 de abril.
«Conviene recordar que un primer auto de imputación, con fecha de 28 de junio de 2013, fue declarado nulo de pleno derecho por este mismo órgano jurisdiccional», señala el comunicado, que añade: «Queda, pues, totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva dicho recurso sobre el fondo del asunto, sobre si existe o no delito».
Álvarez también recuerda que «en ningún momento» ni el Ministerio Fiscal ni la Junta de Andalucía ni la Abogacía del Estado consideraron necesaria ni oportuna la adopción de medida cautelar alguna.
«Han transcurrido seis meses desde que presté declaración ante la jueza por segunda vez y dicha dilación resulta inexplicable desde un punto de vista de seguridad jurídica, tratándose además de una medida a todas luces desproporcionada», añade la exconsejera y exministra.
Álvarez ha señalado que su actitud ha sido en todo momento de colaboración total con la investigación, que se personado incluso antes de ser oficialmente notificada, que ha acudido a declarar en dos ocasiones y que ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado.
También ha resaltado que «la propia juez, en el auto en que establece la medida, reconoce que el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos, no era responsabilidad de los inculpados a los que se refiere la presente resolución, pero para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público, el paso previo sería lograr dichos créditos presupuestarios, las transferencias de financiación, actuación en la que se incardinaría la participación de éstos».
Álvarez señala que la juez «sitúa la comisión de los supuestos delitos en el mero acto de presupuestar las transferencias de financiación. Esto es, en la articulación de los instrumentos presupuestarios que luego llena de contenido económico cada consejería».
Según la exconsejera, dichos créditos presupuestarios «fueron aprobados posteriormente en la Ley de Presupuestos por el Parlamento de Andalucía, y las modificaciones presupuestarias recibieron el informe positivo, en todos los casos, de la Cámara de Cuentas».