La soprano Montserrat Caballé ha devuelto ya a la Agencia Tributaria 300.000 euros del medio millón defraudado en su declaración de IRPF y está reuniendo la cantidad restante para saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio.
Según han informado fuentes judiciales, la diva tiene la intención de devolver toda la cantidad defraudada a la Agencia Tributaria, pero el pago no evitará su declaración como imputada ante el juez que instruye la querella por fraude fiscal que le interpuso la Fiscalía, señalada en principio para el próximo viernes.
El titular del juzgado de instrucción de Barcelona ha citado a declarar como imputada a la soprano por un delito contra la Hacienda Pública, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía, que la acusa de defraudar 508.462 euros en su declaración de IRPF correspondiente al año 2010, simulando tener residencia andorrana.
La soprano deberá pagar el total del dinero evadido a Hacienda, más la multa correspondiente -que según el Código Penal oscila entre dos seis y veces la cantidad defraudada- para pactar con la Fiscalía una rebaja en la condena por el delito de fraude fiscal y, de esa forma, evitar la celebración del juicio.
En ese caso, el ministerio público y la defensa de Caballé podrían pactar una sentencia de conformidad -solamente pendiente de ser ratificada en el juicio- en la que la soprano se beneficiara de la atenuante de reparación del daño y lograra así una pena mínima por el delito de fraude fiscal.
Declaración obligada
La eventual devolución del dinero defraudado no evitará la declaración como imputada de Montserrat Caballé, un trámite que la ley establece como obligatorio incluso en la circunstancia de que el imputado se preste a colaborar con la justicia y se muestre dispuesto a ponerse al día con Hacienda.
La defensa de Caballé, de 81 años, sí podría alegar problemas de salud para forzar la suspensión de su declaración como imputada, aunque por el momento el abogado de la soprano no ha presentado ningún escrito en ese sentido cuando faltan apenas dos días para su citación judicial.
La imputación de la diva de la ópera deriva de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, que la acusa de no haber presentado ante la Agencia Tributaria española la declaración de IRPF del ejercicio de 2010, con lo que eludió tributar por los beneficios obtenidos en sus recitales y grabaciones, que ingresaba en una cuenta de un banco andorrano.