El Gobierno continúa en compás de espera pendiente de los próximos pasos del presidente de Cataluña, Artur Mas, y preparado para apretar el botón que ponga en marcha las medidas judiciales previstas para impedir la anunciada consulta soberanista del 9 de noviembre.
Pero antes de pulsarlo y quizás en un último intento de frenar la consulta sin tener que recurrir al Tribunal Constitucional, se ha dirigido hoy a Mas a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
En un acto con afiliados del PP en Épila (Zaragoza), la vicepresidenta le ha pedido, sin nombrarle expresamente, que reflexione antes de convocarla y piense en que es el presidente de todos los catalanes.
«Probablemente, estos días cuando algunos tengan a bien, firmarán o no determinadas decisiones, yo sólo pido que antes de firmarla piense una cosa: es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma, de los que sienten una cosa y de los que sienten otra», ha subrayado.
Ha añadido que el PP tiene «muchos» militantes en Cataluña que se sienten catalanes y españoles y que quieren que los políticos les den «tranquilidad» y ha asegurado que el Gobierno «así lo va a hacer».
Además, ha recordado a Mas que es presidente porque una constitución se lo permite y le da esa potestad, pero «sobre todo, es presidente para hacer la vida más fácil y mejor a los que gobierna».
«Que piense en todo eso», ha insistido la vicepresidenta del Gobierno, quien ha reiterado que el Gobierno sólo pide a todos los que gobiernan que cumplan la ley.
En caso de que finalmente el presidente de Cataluña continúe con sus planes y convoque el referéndum, la primera reacción del Ejecutivo vendrá en el mismo instante en el que la Generalitat publique en el Diario Oficial de la comunidad la Ley de Consultas aprobada ayer en el Parlament, lo que puede suceder aún este mismo fin de semana en una edición especial.
Cuando la norma con la que Mas pretende dar cobertura legal a la consulta se publique, el Gobierno la recurrirá de inmediato ante el Tribunal Constitucional (TC) sin aguardar la firma del decreto de convocatoria del referéndum por el presidente catalán.
Primero el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, solicitará al Consejo de Estado un informe sobre la constitucionalidad de la Ley de Consultas para su posterior remisión al Consejo de Ministros, que se reunirá con carácter extraordinario.
Tanto los miembros del Consejo de Estado como los ministros del Gabinete de Mariano Rajoy están alertados de la posibilidad de ser convocados a cualquier hora.
El Consejo de Gobierno extraordinario acordará la presentación del recurso y el jefe del Ejecutivo firmará la petición, que será entregada después a la Abogacía del Estado para que la registre en el Constitucional.
El recurso provocará la suspensión de la Ley de Consultas en cuanto sea admitida a trámite por el TC, con toda probabilidad el próximo martes en el pleno que celebrará el alto tribunal.
Si junto a la publicación de la norma en el Decreto Oficial de la Generalitat, Mas decide firmar el decreto, el Gobierno seguiría el mismo procedimiento para presentar dos recursos, uno contra la ley y otro contra la convocatoria.
El presidente de la Generalitat tiene hasta el 9 de octubre para convocar el referéndum, ya que desde la fecha la convocatoria y la celebración deben pasar un mínimo de un mes y un máximo de dos.