El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que la Abogacía del Estado está analizando las actuaciones de la Generalitat por si incumple la suspensión del proceso soberanista del 9N dictada por el Tribunal Constitucional y ha asegurado que no actuará mientras el Gobierno catalán no intervenga en el proceso del 9 de noviembre.
«Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales porque no hay infracción», ha afirmado Catalá recordando que la providencia del Alto Tribunal se dirigía al Gobierno catalán.
En este sentido, ha manifestado que si la Fiscalía o algún particular identifica una actuación que viole el ordenamiento jurídico puede acudir a los tribunales y ha añadido que los servicios jurídicos del Estado se centran en estudiar si la Generalitat u otra administración pública vulnera la decisión del tribunal de garantías. «Sería contrario al mandato del Tribunal Constitucional», ha agregado.
Nadie impide la libertad de expresión
«En una sociedad democrática como la española, en el marco de la Constitución, cada día en muchos ámbitos de la geografía se producen movimientos populares, recogidas de firmas, pero estamos poniendo de manifiesto que un Gobierno no puede promover una consulta contraria a la Constitución», ha proseguido el ministro, para enfatizar que «nadie» va a impedir el ejercicio de la libertad de expresión.
En la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que ha estado ausente el consejero catalán, el ministro ha recordado que la Generalitat no puede impulsar el proceso participativo puesto que el objeto de la consulta afecta a la soberanía nacional y excede de sus competencias autonómicas.
Al ser preguntado por el hecho de que los Mossos retiren las urnas si lo ordena un juez, Catalá lo ha visto «razonable» al afirmar que todos los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento de las normas, como ha ordenado el Tribunal Constitucional a la Generalitat y a «todos los poderes públicos».
En todo caso, ha concluido que los servicios jurídicos del Estado analizan la situación por si hay algún incumplimiento del TC y, en ese caso, volverán a ejercer «las actuaciones que en su caso correspondan para garantizar el Estado de Derecho y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y la Constitución», ha concluido.