La Fiscalía Superior de Catalunya tiene previsto presentar este miércoles una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y varios consellers del Govern por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9 de noviembre en Catalunya, han informado fuentes jurídicas.
La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirigirá contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
El escrito que ultima la Fiscalía podría acusar también a los titulares de las consellerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.
La Fiscalía Superior de Catalunya está trabajando sobre un primer borrador de la querella que le ha remitido la Fiscalía General del Estado, en la que se barajan varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.
El ministerio público cree que los miembros del gobierno catalán contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.
Por el contrario, de la querella que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quedarán excluidos en principio los responsables de los locales bajo cuya autorización se abrieron el pasado domingo los centros públicos donde se instalaron los puntos de votación de la consulta.
La Fiscalía abrió el pasado sábado diligencias de investigación en relación con el 9N y pidió a los Mossos d'Esquadra que identificaran a las personas responsables de los centros públicos que autorizaron su apertura para la celebración del proceso participativo.
Sin embargo, la policía catalana se limitó a remitir al ministerio público una carta de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en la que ésta afirmaba que no estaba en condiciones de facilitar esas identidades y subrayaba que el Govern asumía la responsabilidad por la apertura de los centros públicos.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este martes que el ministerio público se pronunciará «sin ninguna precipitación» sobre el 9N y ha añadido que «los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos».
La querella de Fiscalía podría acumularse con la denuncia que el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha presentado contra Mas y algunos consellers, y que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya todavía no ha admitido a trámite, precisamente a la espera de que el ministerio público se pronuncie sobre la misma, según las mismas fuentes.
El TSJC deberá decidir también si asume en la misma investigación las denuncias presentadas por formaciones políticas y particulares que se están investigando en juzgados de toda Catalunya por el proceso participativo.
Se me antoja una pérdida de tiempo y de papeles. No servirá para nada. Las cosas no se hacen asi. ¿No tiene el Gobierno mayoría absoluta y una Constitución en la mano?. Entonces, ¿qué espera a aplicarla?. Una vez llevada a cabo la pachanga, todo lo demás es un brindis al sol.