El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, que investiga las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de valla en la ciudad autónoma, ha imputado a ocho guardias civiles por los golpes que recibió un migrante el pasado 15 de octubre, hechos documentados en vídeo por la ONG local Prodein.
El auto convoca a estos agentes para dirimir si «pudo haberse producido un empleo de la fuerza desproporcionado y si tal manera de proceder pudiese estar tipificada en el Código Penal, sin perjuicio de mejor y más depurada calificación, al menos como un delito de trato degradante».
El magistrado indica además en el auto, consultado por Europa Press, que «en el supuesto de que pudiera determinarse que alguno de los inmigrantes hubiera sufrido alguna lesión», para lo que se solicita información al Hospital de Nador por si alguno de los migrantes hubiera sido atendido allí aquel día, se imputaría «un delito de lesiones».
Los agentes llamados a declarar «en calidad de imputados» lo son «en relación a la acción que ha sido documentada en soporte videográfico de actuaciones», según el cual un inmigrante conocido como Dani «que no ha sido identificado hasta el momento», fue «rodeado y golpeado por un grupo de guardias civiles» cuando bajaba por una escala de la valla de Melilla, «siendo posteriormente trasladado en volandas hasta Marruecos desde España atravesando el perímetro fronterizo».
«Es necesario determinar si tal empleo de la fuerza fue o no contrario a derecho, teniendo en cuenta que en la grabación aportada por la guardia civil el ciudadanos subsahariano parece empuñar un garfio en la mano derecha», añade el magistrado.
Se trata del suceso documentado por la ONG Prodein el pasado 15 de octubre en la valla de Melilla, cuando un migrante, que identificó como un camerunés de 23 años llamado Dani, fue rodeado y golpeado por un grupo de agentes de la guardia civil mientras descendía por la escala que los agentes habían colocado para desalojar la valla, a la que se habían encaramado varias personas.
La Asociación Pro Derechos Humanos, la propia Prodein, Andalucía Acoge y la Coordinadora de Barrios presentaron denuncia ante el juzgado tanto por la fuerza que emplearon los agentes como por la devolución sumaria a Marruecos que ejecutaron después de los inmigrantes que fueron interceptados.
La denuncia fue admitida a trámite el pasado mes de enero y acumulada a la causa abierta en este juzgado para investigar las llamadas devoluciones en caliente, que se habrían producido en dos saltos de junio y agosto. Es la misma causa en la que fue imputado en septiembre el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla por un posible delito de prevaricación, como responsable del protocolo contrario a la Ley de Extranjería que rige este proceder en la frontera melillense.
Según ha informado a Europa Press el letrado de la acusación José Luis Rodríguez Candela, la Guardia Civil alega que respondió con un uso proporcionado de la fuerza a una agresión previa que el inmigrante habría ejecutado con el garfio que menciona el auto judicial. Este es el tipo de herramientas que se fabrican los migrantes para poder ascender por la malla, diseñada de tal manera que impide introducir los dedos entre los alambres.
En este sentido, el juez pide que se investiguen las agresiones que habría sufrido otra media docena de funcionarios de la Guardia Civil y acuerda tomarles declaración como perjudicados, así como recabar informe forense sobre las lesiones que pudieran haber padecido y en su caso, dirimir si se produjeron delitos de atentado contra la autoridad por parte de los migrantes.
Nuevas diligencias
Esta petición nace del informe que la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla remitió al juzgado a petición de la Fiscalía sobre los hechos del 15 de octubre, en el que hacía constar que varios de los funcionarios habían sido agredidos por los migrantes y presentaba en algunos casos, partes de lesiones, conforme explica Rodríguez Candela.
Asimismo, ha requerido al Ministerio de Empleo, titular del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla y de la red de primera acogida en España, que localice a cuatro inmigrantes que participaron en el salto del mes de agosto, del que se investigan las devoluciones en caliente, porque podrían estar acogidos por ONG en territorio nacional.
Uno de ellos, según señala el letrado, ya ha sido identificado y se ha librado el exhorto para que se le tome declaración en su lugar de residencia, en la Península. Entre los citados hay una persona que figuraba en un vídeo de Prodein con apariencia de haber sufrido lesiones, pero conforme indica Rodríguez Candela, «no se ha podido identificar a los Guardias Civiles que aparecen a su lado» en las imágenes.
En paralelo, el juez ha pedido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla que averigüe si entre sus residentes hay personas que participasen en los saltos de junio, agosto o de octubre, aunque la acusación sospecha que no hay ninguna viviendo allí.
En cuanto a Dani, la acusación ha aportado una carta de identidad al juzgado, en el que figura además un vídeo grabado por dos fotoperiodistas en el que cuenta lo que le pasó. Ambos ratificaron este miércoles ante el juzgado que efectivamente habían realizado esta entrevista y reconocieron al joven como el mismo que aparecía en los vídeos de Prodein.
«Lo razonable sería en primer lugar, saber qué lesiones sufrió esta persona y poder llegar a la conclusión de que esta persona que aparece en el vídeo del salto coincide con la persona a la que estos fotoperiodistas grabaron en el monte Gurugú, lo que todavía está en fase de investigación», explica.
El abogado destaca que el juzgado, del que es titular Emilio Lamo de Espinosa, «lleva practicando diligencias desde el primer día» y trabajando con celeridad en la causa, con seis tomos de instrucción en apenas seis meses, y actuaciones que van desde pedir a Marruecos que identifique a los miembros de sus fuerzas de seguridad que participaron en los saltos hasta tomar declaración al personal de Cruz Roja que presta servicio al pie de la valla.
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