El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha reducido a un delito contra la Hacienda Pública la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la que fue detenido el pasado 16 de abril, sin que «por ahora» haya indicios de blanqueo o alzamiento.
Este Martes el magistrado ha levantado el secreto del sumario sobre la pieza documental de la investigación que abrió al exministro de Economía en la que consta todo lo incautado en su domicilio y en su despacho ese día y ha citado para el próximo lunes a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la testigo deberá ratificar la denuncia inicial de la Onif que sirvió de base a la Fiscalía de Madrid para iniciar esta causa contra el expresidente de Bankia por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.
Después, la Oficina Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, y que instó la detención de Rato el pasado 16 de abril, deberá realizar otro informe sobre la documentación intervenida en la vivienda y en la oficina del ex director gerente del FMI, precisan las fuentes consultadas, que añaden que deberá delimitarse a los hechos y personas a los que aludía en la primera denuncia.
Mientras tanto, el juez ha delimitado al fraude fiscal esta investigación, descartando por el momento los otros dos.
Lo ha hecho en un auto en el que rechaza el recurso que interpuso la Asociación de Abogados Demócratas (Adade) contra su decisión de no admitir que se persone como acusación popular porque la «relevancia social» de Rato no es requisito suficiente para ello.
«De lo actuado hasta ahora, la única causa diferenciadora de especial relevancia» a la que alude la asociación para formar parte de la causa «no es otra que la significación social y, por ello, mediática del denunciado», lo que resulta «a todas luces insuficiente» para admitir su personación, sostiene.
Y el hecho de que se haya permitido en otras causas no debe tener, «per se, efectos desvirtuadores» en ésta.
Recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ya descartó que hubiera podido cometer un delito de alzamiento de bienes, que sería el que podría tener una relación «genérica» con «los casos más importantes de corrupción» que dice perseguir Adade.
«El único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública», subraya el magistrado, que explica que se trata de «un delito determinado sin relación -por ahora- con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción» del que el perjudicado «concreto» es «el Estado, representado por la Abogacía del Estado», que ya ha pedido personarse.
A ello se suma el hecho de que al asumir la competencia del caso, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el de blanqueo no estaba «mínimamente aquilatado», a lo que la Audiencia madrileña añadió que «no se sostiene» la acusación de que Rato podría haber ocultado sus bienes para evitar el pago de la fianza del «caso Bankia».
Por esta causa, el juez ordenó el embargo de todas las cuentas del ex director gerente del FMI, que deberá abonar una fianza de 18 millones si quiere levantar el bloqueo.
El que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP recurrió esta medida cautelar y la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto resolver el pasado 6 de julio, aunque lo aplazó al pedirle más información al exbanquero, han informado a Efe fuentes jurídicas, que han añadido que tomará una decisión en breve.