El PSOE y Ciudadanos han acordado prohibir la concesión de indultos en delitos vinculados a la corrupción, la violencia de género y contra los derechos humanos y que el Gobierno aporte más información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.
El documento firmado hoy por los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, incluye medidas urgentes de carácter preventivo, de control y de represión para luchar contra la corrupción.
Entre las acciones represivas, han pactado tipificar el delito de enriquecimiento injusto o ilícito y la figura del testaferro dentro de las modalidades de delito de encubrimiento.
También proponen revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos «rebajando significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión» y tipificar la manipulación de las cuentas anuales de los partidos.
El PSOE y Ciudadanos han acordado además revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política y establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción.
Para prevenir la corrupción en el sector público, incluyen la suspensión de concejales y parlamentarios y el cese de los altos cargos a los que se les abra un juicio oral por algún delito doloso, así como la revisión de las normas de contratación púbica y que las reuniones de las mesas de contratación en licitaciones superiores a 300.000 euros sean públicas.
Prevén asimismo eliminar la presencia de cargos electos y altos cargos en las mesas de contratación y en los órganos similares que intervengan en la propuesta de concesión de subvenciones.
Para luchar contra la corrupción el sector privado, el PSOE y Ciudadanos han acordado regular los «lobbys» para «evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias» y establecer beneficios en la contratación con el sector público para las empresas que firmen «pactos de integridad».
Finalmente, entre las medidas de control, han establecido la creación de una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa y coordinada en todo el sector público y la ampliación de los poderes del Tribunal de Cuentas.