Algunos pacientes con cáncer pueden tardar hasta dos años en recibir un medicamento innovador frente a su enfermedad en España por los retrasos administrativos para su financiación pública desde que son autorizados por las autoridades europeas.
Así se desprende de las conclusiones del IV Foro 'Por una Atención de Calidad. Innovación y acceso en Oncología' organizado la semana pasada por la Fundación ECO, en el que más de 125 asistentes analizaron la situación en cuanto al acceso a estos medicamentos y la equidad en todo el territorio nacional.
De este modo, desde que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) aprueba un nuevo fármaco hasta que se pone precio en España pasan una media de 15 meses y hasta que ese medicamento puede ser prescrito por un facultativo otros 11 meses más, según comunidades autónomas.
Más de 24 meses de espera que en el caso de muchos pacientes con cáncer y para los propios oncólogos es «inaceptable». «Hacen falta criterios nacionales vinculantes que permitan lograr una equidad en el acceso igualitario a medicamentos en todas las Comunidades Autónomas», ha señalado Vicente Guillem, presidente de la fundación.
En el encuentro los asistentes lamentaron que en España haya «17 realidades sanitarias diferentes» que dificultan una asistencia igualitaria de los pacientes, si bien en ocasiones las diferencias se producen entre centros hospitalarios de una misma provincia.
«Hay una clarísima falta de equidad en el acceso a estas nuevas tecnologías e innovaciones. Un fármaco que ha pasado por la Comisión de Precios y por la Comisión Autonómica puede quedarse parado en una comisión de farmacia de un hospital», ha destacado Pilar García Alfonso, coordinadora del Foro y miembro de la Fundación ECO.
Piden «aclarar» las normas del juego
De hecho, para esta experta los pacientes tienen que tener garantizado que «una decisión centralizada no tiene que quedar anulada en los hospitales» y aboga por impulsar diálogo entre la Administración, los políticos, la industria, los pacientes y la sociedades médicas para «aclarar las normas del juego».
En este sentido, Miguel Martínez, de IMS Health, reconoce que los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), que tenían como fin el agilizar trámites y promover la equidad, no han conseguido lograr su objetivo al no tener carácter vinculante y no incluir una valoración económica del fármaco.
«Lo que falta es la evidencia y la información para poder realmente medir de una manera eficiente y sencilla cuál es el impacto que está teniendo el fármaco en los distintos pacientes. Hay que medir la inversión, no solo con el coste del fármaco, sino con el beneficio del paciente a lo largo de los meses», ha señalado.
Por otro lado, durante la jornada se ha planteado el acceso de los pacientes a la innovación a través de ensayos clínicos, que en España «es prácticamente imposible en términos de conocer los ensayos que se están llevando a cabo tanto por empresas privadas como por grupos cooperativos o investigadores públicos», ha añadido Mariano Provencio, coordinador del Foro.