Los saharauis que acrediten dos años de residencia en España podrán acceder a la nacionalidad española, en las mismas condiciones que el Código Civil establece para los originarios de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal o para los sefardíes.
Al menos es lo que han aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso todos los grupos parlamentarios, que han apoyado una proposición no de ley del diputado de Compromís Ignasi Candela, aunque como ha reconocido el representante del PP en el debate, Eduardo Fernández, al no haber aún Gobierno y estar éste en funciones, es muy complicado ejecutar esa recomendación de la Cámara.
Tal y como indica el texto aprobado, el Código Civil quedaría así: «Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años».
«Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido asilo o refugio, y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o para los sefardíes, así como de quienes hubieren sido residentes en el territorio del Sahara occidental durante su administración por España, y sus descendientes.», señala.
El proponente ha aceptado una enmienda de Podemos, según la cual los saharauis no tendrán que renunciar a su nacionalidad para acceder a la española, como tampoco tienen que hacerlo, por ejemplo, los sefardíes.
Ignasi Candela ha considerado en su exposición que se trata de un acto de justicia para un pueblo que «ahora tenemos sumido en el olvido» y del que España está obligada a sacar.
Por el PPE, Eduardo Fernández se ha mostrado partidario de esa iniciativa, que ha considerado «adecuada», pero ha lamentado que tenga que esperar a que se forme un nuevo Gobierno para poder hacer las modificaciones normativas pertinentes, y ha confiado en que entonces se alcance el consenso suficiente.
A su juicio, es necesario prestar atención a la comunidad histórica española y es éste y no un interés económico o una deuda moral el motivo por el que se deben incorporar a los saharauis en ese artículo del Código Civil.
Mientras, el diputado socialista Francisco Hernández Spínola ha opinado que se trata de un «viejo problema» al que hay que dar una solución justa y que trasciende de otro mayor: el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Ha recordado, como han hecho otros diputados, que el territorio saharaui fue la 53 provincia española hasta el año 1975 y parece «lógico» que se aplique las misma normativa que a los originarios de países iberoamericanos o a los sefardíes.
Fernando Maura, de Ciudadanos, ha expresado su apoyo a la proposición, al igual que Mikel Legarda, del PNV, y Ester Capella, de ERC, para quien el «olvido» a ese pueblo ha sido «vergonzoso» al no reconocer su vinculación especial con España.
Sara Carreño, de Podemos, ha aprovechado para defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y de su libertad y ha apelado a la «responsabilidad histórica» y a la «deuda moral» de España con él.