El juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón ha condenado al expresidente de la Diputación Carlos Fabra a abonar los 360.000 euros más intereses que el piloto profesional de motociclismo Álex Debón le prestó entre los años 2010 y 2013.
El piloto Alex Debón firmó varios contratos de patrocinio con la Diputación de Castellón cuando Carlos Fabra era presidente así como con el Aeropuerto de Castellón, cuando éste era presidente de Aerocas.
Debón, nacido en la localidad castellonense de La Vall d'Uixò, realizó una exhibición en las pistas del aeropuerto para presentar su motocicleta en 2009, poco después de haber firmado el contrato de patrocinio.
En 2013 la diputada de EUPV, Marina Albiol, reveló que el aeropuerto de Castellón había destinado un millón de euros al patrocinio de un equipo de motociclismo, del que formaba parte Alex Debón.
La sentencia, con fecha de 31 de marzo y hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, también establece el pago de los intereses de demora, pactados por ambas partes en un 0,50 % anual más euribor, que ascienden a 8.234,19 euros.
La resolución judicial establece que el deportista prestó a Fabra, que cumple actualmente una condena de cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales, un total de 360.000 euros a través de cuatro entregas desglosadas de la siguiente forma: en 2010 le dio 125.000 euros, en 2011 le entregó 150.000, en 2012 le proporcionó 25.000 y finalmente en 2013 el piloto le entregó 60.000 euros.
Según recoge la sentencia, Carlos Fabra se comprometió a devolver al piloto de La Vall d'Uixó (Castellón) el total de la cantidad antes del 31 de diciembre de 2014.
Según la jueza, el piloto intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con el expresidente de la Diputación para recuperar el dinero, pero «los resultados fueron infructuosos, por lo que se ha visto en la necesidad de interponer la demanda», ya que el demandado «ha hecho caso omiso a las reclamaciones extrajudiciales».
Una vez admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la parte demandada para que contestara en el plazo de 20 días, «lo que no hizo, por lo que fue declarada en situación procesal de rebeldía».
Finalmente, el 31 de marzo de 2016 se señaló la audiencia pública, en la que compareció únicamente el piloto, quien se ratificó en su demanda, reclamación que el Juzgado, ante la falta de oposición, estima en su integridad.