La plataforma antitaurina PROU, impulsora de la ILP que desembocó en la derogación en 2010 de las corridas de toros en Cataluña, considera que la decisión del TC de anular la prohibición de la tauromaquia es una «conspiración política» que trasladarán a los tribunales internacionales.
La plataforma ha pedido al Parlamento catalán una nueva ley adaptada a la sentencia, pero que a efectos prácticos no permita el regreso de las corridas de toros, a la Generalitat que evite cualquier corrida y al Ayuntamiento de Barcelona que «mantenga firme su postura y no permita que la plaza de toros Monumental vuelva a ser utilizada para espectáculos taurinos».
Los antitaurinos, que han pedido a la sociedad catalana que «mantenga su apoyo firme a la causa de la protección animal», considera que el TC ha alegado «motivos competenciales débiles e infundados tendentes a despojar competencias a las autonomías».
Según la plataforma, la decisión del Constitucional «impone así en un vergonzoso retorno al pasado, la obligatoriedad de seguir autorizando la tortura pública de los toros en las plazas».
Tras recordar que la iniciativa legislativa popular que prohibió las corridas en Cataluña estuvo avalada por cientos de miles de personas, la plataforma recuerda que se trata de «la primera vez en la historia que se deroga una ley aprobada mediante una ILP».
«Es imposible creer que esta sentencia responda a patrones meramente jurídicos sino que se trata de una decisión política», agrega PROU en un comunicado, en el que recuerda que el PP ha llevado en su programa electoral «la defensa a ultranza de la tauromaquia».
También han recordado que el gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado definir la tauromaquia como «patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles con el único fin de intentar anular la ley catalana».
«Recordemos que en los últimos años varios magistrados han sido fotografiados en plazas de toros disfrutando de la tortura cruel y sangrienta de los animales», critica la plataforma antitaurina, que asegura que «en los últimos años también se han destapado casos de corrupción en el mundo taurino, desde la evasión de impuestos hasta la gestión irregular de corridas benéficas asociadas a niños discapacitados».
PROU también argumenta que, aunque Cataluña fue la primera comunidad en prohibir los toros, otras comunidades siguen esta tendencia porque consideran que «las corridas de toros son una terrible forma de maltrato animal».
«Creemos firmemente que tras esta decisión disfrazada de 'atribuciones competenciales' hay una conspiración que solo puede explicarse por el momento político que está viviendo España», añaden los antitaurinos, que niegan «rotundamente que esta sentencia responda a los intereses que dice responder».
Por ello, han anunciado que denunciarán «jurídicamente y moralmente estos abusos ante la opinión pública internacional».
La plataforma PROU ha informado de que inicia desde este jueves mismo «un trabajo de relato internacional sobre la vulneración de los derechos democráticos que ha sufrido nuestra sociedad civil organizada y movilizada, a la vez que realizará denuncias en tribunales especializados en la persecución de atentados contra los derechos políticos».
«Nos espera un largo trabajo en toda Europa y en las instituciones jurídicas internacionales», ha advertido la plataforma, que luchará para «conseguir que la opresión legislativa de esta sentencia no acabe teniendo efectos prácticos y no vuelvan a realizarse corridas de toros» en Cataluña.