El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asumido este lunes la responsabilidad «de todo» el proceso participativo sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, al declarar en juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Durante un interrogatorio en que se ha negado a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular, Mas ha defendido a preguntas de su abogado, Xavier Melero, que fue suya «la iniciativa política» de la consulta y que es el responsable de todo.
En la última pregunta, sobre si también fue el responsable de abrir los institutos donde se celebraron las votaciones, Mas ha afirmado que es «el máximo responsable de la idea del proceso de participación» y de sustituir una consulta sobre la independencia suspendida por el TC por un proceso participativo en que participaron 2,4 millones de personas.
Tras concluir su respuesta, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha intervenido para puntualizar que no había respondido a la pregunta concreta, a lo que Mas ha contestado de forma taxativa: «He dicho que era responsable de todo; si digo de todo, de esto también».
La Generalitat había acatado la suspensión del TC de la primera consulta sobre la independencia y cambió de plan organizando lo que denominó un proceso participativo, que también fue suspendido, pero en este caso el Govern no lo desconvocó, dejándolo supuestamente en manos de voluntarios.
«Quiero dejar claro que las directrices venían de la Presidencia de la Generalitat y de mí mismo. Los otros miembros del Govern siguieron estas directrices. Eso afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs», también acusados en la causa, aunque el caso de Homs lo investiga el Tribunal Supremo (TS).
Mas ha recordado que la iniciativa de impulsar el 9N tenía «unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas», y ha hecho un repaso a los acontecimientos políticos desde que avanzó las elecciones en noviembre de 2012 y que se tradujeron en dos tercios de los diputados del Parlament partidarios del derecho a decidir.
«Queríamos canalizar bien desde el punto de vista institucional un clamor popular», según el que era presidente, y ha añadido que después de la primera suspensión del TC los dejaron solos, sin mencionar explícitamente a qué formación se refería.
Mas ha puntualizado que desde un principio se dijo que la consulta no iba a ser vinculante ni tener consecuencias jurídicas, por lo que después se convocaron unas elecciones autonómicas para saber la posición de los catalanes, lo que supuso en el Parlament «una mayoría a favor de la independencia de Catalunya».
Respecto a las valoraciones de la consulta, ha resaltado que la junta de fiscales de Catalunya consideró que no había indicios de delito y que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, declaró públicamente el 8 de noviembre que lo que se iba a celebrar al día siguiente no era un referéndum ni nada que se le pareciese y no tenía ningún efecto.
Por eso, el abogado de Mas insistió en pedir que Rajoy y el ministro de Justicia declaren en este juicio y que se sume a la causa este informe de los fiscales catalanes, pero el tribunal ha rechazado esta pretensión después de oponerse también la Fiscalía.
Ante la suspensión del TC, Mas ha explicado que tuvo que contraponer «dos deberes: escuchar la petición de la ciudadanía y de un proceso que estaba en marcha, y atender una resolución del TC».
«El otro deber era un deber mayor por el mandato parlamentario y el llamamiento de la ciudadanía», según Mas.
«Entendí que, ante la imposibilidad de suspender, de la indefinición de la suspensión del TC y ante lo que pasaba en el país, mi deber era que esa jornada se pudiera celebrar en condiciones de normalidad democráticas», ha subrayado.
Aviso
Sobre si supo de las denuncias presentadas el día de la consulta en los juzgados de guardia, Mas ha declarado que, al ver cómo se desarrollaba el proceso participativo, se dieron cuenta de que actuaban «correctamente», y se ha preguntado por qué, si era tan evidente que eso era un delito, el TC no hizo nada para hacer cumplir su providencia.
Esta pregunta retórica ha hecho que Barrientos le reprendiera recordándole que no es objeto de su declaración formular preguntas, sino que solo debe contestarlas, y Mas ha respondido entonces que no iba a hacer preguntas pero sí afirmaciones: «El TC en ningún momento hizo nada para hacer cumplir la notificación».
Ha insistido en la actitud de la Fiscalía de guardia, que no actuó para frenar la consulta ni hizo ninguna actuación: «Ninguna actuación quiere decir ninguna».
Voluntarios imprescindibles
Mas ha asegurado que los 42.000 voluntarios que participaron en la consulta del 9 de noviembre de 2014 «fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización del 9N» y sin ellos hubiera sido materialmente imposible.
También ha explicado que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración «ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo».
Según ha dicho, querían sobre todo hacer «algo serio y que se entendiera en todo el mundo», y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido hacer.
Así, ha dicho que en ningún caso se hubiera podido llevar a cabo la consulta «sin la participación de los 42.000 voluntarios», y ha recordado que, en un principio, cuando pidió la participación de voluntarios para organizar la consulta, dijo que se necesitaban 20.000.
Sobre la organización de la consulta, ha explicado que tenían un gran compromiso de hacerla porque era la voluntad «de una buena parte del pueblo de Catalunya», por lo que siguieron sin renunciar a su objetivo y cambiando el formato que el TC había puesto en cuestión.
La Fiscalía -a la que Mas, Ortega y Rigau han rechazado contestar- cree, en cambio, que Mas articuló «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC», generando la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba en manos de voluntarios, según consta en su escrito de acusación.