Un grupo de expertos en financiación autonómica aboga por que País Vasco y Navarra participen en la nivelación interterritorial, uno de los pilares del sistema, ya que se basa en el principio constitucional de solidaridad y en la equidad de acceso a los servicios públicos fundamentales.
Así se recoge en un informe titulado «La nivelación interterritorial y la estimación de las necesidades de gasto», de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), que apuesta por una nivelación más transparente entre las comunidades.
En su elaboración han participado cuatro expertos que después han sido elegidos para formar parte de la comisión creada por el Gobierno y las comunidades autónomas, que tiene que revisar en seis meses el actual sistema de financiación autonómica.
Según el estudio, la próxima revisión del sistema debería dar una «solución razonable y transparente» al «complejo» panorama actual de la nivelación, ya que en el modelo vigente, aprobado en 2009, se entrecruzan diversos fondos e instrumentos que desdibujan los resultados finales, que producen agravios comparativos e impulsan la «percepción fundada de cierta arbitrariedad».
Entre otras cuestiones, apuestan por estudiar el modo de incorporar a las comunidades de régimen foral a la financiación del mecanismo de nivelación interterritorial.
Respetando su asimetría financiera de raíz constitucional, que estos expertos ven «sin parangón» en otros países federales, subrayan que «no cabe por más tiempo soportar el sustancial sesgo a la baja en el cómputo del importe del cupo vasco, la aportación navarra y los ajustes a realizar».
En concreto, mencionan el caso de las competencias del Estado no asumidas por estas comunidades, entre ellas, de manera muy fundamental, «la de garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos y su manifestación como solidaridad entre todos los españoles».
«Muy al contrario -advierten-, si la solución a este agravio comparativo pasase por extenderlo a otras comunidades, se vaciaría la razón de ser del Gobierno central y su capacidad para ejercer sus propias competencias».
La nivelación, señala el informe, debería estar basada en un criterio claro y objetivo, comprometiéndose las partes a no aplicar fondos específicos que adulteran los resultados y complican la comprensión y el funcionamiento del mecanismo.
Sobre el respeto a la llamada «cláusula del statu quo», definida como que ninguna comunidad puede perder recursos de forma directa e inmediata como consecuencia de la reforma del sistema, se apunta hacia su eliminación, por considerar que no es razonable.
Clarificar el «singular papel» de Canarias como región ultraperiférica y superar el criterio de «statu quo» como criterio de reparto de los recursos son otras de sus recomendaciones.
También señalan que hay que analizar el grado de nivelación y si ésta incluye solo los servicios fundamentales como sanidad o educación o todos los descentralizados, así como determinar la pertinencia o no de aplicar límites a la reordenación.
Avisan los expertos de un «desequilibrio vertical» entre ingresos y gastos en contra de las comunidades autónomas, así como sobre la necesidad de corregir las diferencias en suficiencia financiera que proporciona el sistema foral respecto al común.
Una amplia mayoría considera «arbitrarias» o «discutibles» las diferencias actuales en la financiación per cápita que proporciona el sistema común.
Junto a las consideraciones generales, el estudio incluye una encuesta realizada entre un centenar de personalidades relevantes de este campo, de la cual se desprende que existe una notable diversidad de opiniones sobre el llamado criterio de «ordinalidad» o «no reordenación», defendido en mayor medida por los expertos de comunidades con renta per cápita superior a la media.
La mayor parte cree necesario hacer ajustes sobre la actual forma de estimar las recaudaciones normativas por tributos cedidos, así como sobre la fórmula de estimación de los habitantes ajustados.
El estudio señala asimismo que el modelo de financiación debería avanzar en su carácter federal, partiendo de un gran acuerdo, al menos, sobre un concepto transparente de equidad, un pacto interno de estabilidad y una mayor capacidad tributaria efectiva para las comunidades.