La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouseCoopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP.
En el segundo día de la denominada Operación Lezo, en la que se investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha comenzado a tomar declaración a los detenidos, en concreto a María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal, y Adrián Martín, exgerente de esa entidad.
El plan de trabajo de Velasco pasa por tomar mañana declaración a los otros arrestados que desde ayer permanecen custodiados por el instituto armado, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica.
Este jueves se ha conocido que otro de los detenidos este miércoles fue el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, ya investigado en el caso Púnica, en el que también se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid.
Dentro de esas pesquisas, el juez ha ordenado este jueves a la UCO entrar en la constructora OHL, la tecnológica Indra, Licuas (una constructora de obra civil), Saerco (que gestiona torres de control de aeropuertos) y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC).
En el caso de OHL, cuya cotización ha caído un 8,29 % tras conocerse la noticia, la investigación tiene que ver con el contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en 2007, y con el posible desvío de fondos hacia el PP y hacia el propio Ignacio González.
Fuentes de la constructora han recalcado que nunca se han pagado comisiones a ningún partido. Tanto OHL como Indra han asegurado que han prestado la máxima colaboración a la Guardia Civil.
A PwC los agentes le han reclamado información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también ha sido registrada.
La cuestión es que su ex consejero delegado, Martínez Nicolás, ahora detenido, está imputado en la Púnica por haber pagado 10.000 euros a la trama tras una supuesta orden de la Consejería de Presidencia y Justicia.
Estos pagos, que se habrían hecho con dinero solicitado a la empresa Indra, como explicó él mismo en su día ante el juez, estarían destinados a mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico.
El segundo día de la Operación Lezo también ha servido para que Eloy Velasco tome declaración como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de ese medio, Mauricio Casals, por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para proteger a Edmundo Rodríguez, consejero de la editora del periódico.
Marhuenda ha negado haber presionado «jamás» a Cifuentes, haber hecho «nada incorrecto» y haber inventado noticias.
«Nunca la he amenazado», ha recalcado el director de La Razón, quien, como Casals, ha enmarcado en el ámbito informal y privado sus conversaciones con Rodríguez Sobrino pinchadas por los investigadores en las que hablaban de esas presuntas presiones.
Entre tanto, se ha desatado una tormenta política al conocerse que los fiscales anticorrupción frenaron el intento del jefe de esa Fiscalía, Manuel Moix, de evitar el registro en Inassa, filial colombiana del Canal, que gestionaba los contratos en Latinoamérica y que presidía Rodríguez Sobrino hasta que fue cesado por aparecer en los papeles de Panamá.
Moix, con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio una orden por escrito para que no se hiciese ese registro por falta de indicios probatorios y porque, a su juicio, debería acometerse en unas diligencias aparte.
Los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, pidieron la reunión de la Junta de fiscales Anticorrupción para tratar el tema. En ella, 21 votaron a favor de hacer el registro, dos en contra y uno se abstuvo.
La Fiscalía General del Estado ha hecho público hoy un comunicado en el que sostiene que es «es falso» que Moix «haya intentado obstaculizar la investigación» y admite «puntuales discrepancias técnico-jurídicas» en el seno de la Fiscalía Anticorrupción que fueron resueltas «en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».
En esa reunión, han indicado a Efe fuentes fiscales, se advirtió a Moix de que los miembros de la trama del Canal tienen influencia tanto en el ámbito político, como en el mediático y el judicial.
También dijeron que tienen en su poder conversaciones pinchadas en las que se habla de esta influencia y presentaron las correspondientes transcripciones.
Las fuentes han indicado que en una de esas conversaciones el exministro del PP Eduardo Zaplana e Ignacio González hablan del propio Moix y el expresidente madrileño afirma que él le propuso para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, cargo en el que fue finalmente nombrado el pasado febrero.
Tras conocer lo ocurrido, todos los grupos de la oposición han exigido la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general.
El caso Canal tiene aproximadamente cinco derivaciones, una de ellas la de Inassa, otra de blanqueo de dinero por parte de Ignacio González y su hermano Pablo (también detenido) y otra sobre la financiación ilegal del PP de Madrid.