El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido este lunes la retirada de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que el Gobierno central ha desplazado de forma extraordinaria a Cataluña ante la convocatoria del referéndum del domingo.
Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, después de una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán, que ha aprobado pedir la retirada de estos efectivos tras los graves "actos de violencia" que protagonizaron contra ciudadanos que estaban en colegios electorales.
El presidente catalán considera que este dispositivo policial está bajo sospecha tras la forma en la que actuó este domingo, y sostiene que, además, su retirada tendría otra ventaja y es que "ahorraría a los contribuyentes el enorme coste de la operación".
Argumenta que si este refuerzo policial vino por el 1 de octubre ese día ya ha pasado y, si vino por posibles problemas de orden público, considera que los catalanes demostraron este domingo que son un pueblo pacífico y que "de desorden público no hubo".
"BRUTALIDAD POLICIAL"
Puigdemont ha anunciado también que el Govern ha aprobado crear una comisión especial de investigación sobre la "brutalidad policial" de la Policía y la Guardia Civil en las cargas de este domingo contra los ciudadanos que estuvieron en los colegios electorales del 1-O.
Los primeros detalles que ha dado es que estará formada por miembros externos al Govern y por juristas de la administración catalana, con el principal objetivo de investigar "la violación de derechos fundamentales que se ha producido en Cataluña".
Esta comisión deberá recopilar toda la información que pueda sobre estas cargas policiales, como las denuncias presentadas por los ciudadanos o como "el material que acredita estas violaciones", y también servirá para acompañar y reconocer a las víctimas de estas cargas.
ACCIONES LEGALES
El presidente también ha anunciado que el Govern denunciará a la Policía y a la Guardia Civil por "lesiones y daños", que se sumarán a las querellas que ya ha presentado contra la Fiscalía por usurpación de funciones y prevaricación en sus acciones contra el 1-O.
Puigdemont ha explicado que el Govern busca que se depuren responsabilidades a tres niveles: los agentes que protagonizaron las cargas, los mandos bajo los cuales actuaron, y los responsables que diseñaron estas operaciones policiales.
"Fue la jornada de violencia gratuita más grande que hemos conocido en los últimos 40 años. No solo no se puede repetir, sino que no puede quedar impune", ha concluido el presidente catalán.
Puigdemont ha recordado que el balance que hace la Generalitat de las cargas del domingo es de 893 heridos atendidos, de los que cuatro están hospitalizados, y también que se han presentado de momento 73 denuncias contra esta operación policial.