El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque prometen defenderlas por «las vías del diálogo y la negociación».
En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa pide para todos la libertad provisional o una «medida cautelar menos gravosa», así como que Llarena les cite a declarar «a los estrictos términos de discutir los elementos relevantes para su situación personal».
Aunque en una parte del escrito los imputados destacan que fueron citados a declarar a la Audiencia Nacional «pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña», después señalan que lo hicieron «ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno».
«El cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno no se planteó como una estrategia defensiva, sino como una decisión personal de todos mis mandantes que, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155, decidieron abandonar dichas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España», explica la defensa.
También subraya que, en su opinión, en el denominado 'procés' no existen «indicios de la concurrencia de los delitos de rebelión y sedición, pues no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario».
LA CONSTITUCIÓN DEBE PROTEGER AL DISIDENTE
Es más, consideran que los hechos por los que se les imputa rebelión, sedición y malversación no son más que «el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos», ya que es «la propia Constitución Española» la que, en su opinión, debe «proteger al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante».
A pesar de ello, la defensa asegura a continuación que los exconsejeros «aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica» y que «no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña».
Eso sí, recuerda que «ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva», y en el caso de que «en el futuro» volvieran a ostentar algún cargo público «están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación».