Vivían de alquiler en un piso en Ibiza desde diciembre de 2020 y este mes de julio han sido desahuciados, aunque su contrato expiraba el próximo año. Una pareja residente en la isla todavía no acierta a entender cómo su caso ha terminado así. Las discrepancias con la sociedad limitada propietaria de la vivienda llevaron a estos jóvenes hasta el Tribunal Supremo, que después avaló el desahucio.
La pareja afirmó este sábado que, tras la sentencia, se han producido errores procesales y de notificación «relevantes» por parte del juzgado de Ibiza. En concreto, el juzgado fijó una fecha para el lanzamiento. Tras presentar varios recursos y solicitudes, la sección de ejecuciones suspendió el desahucio el último día al considerar que no se había seguido correctamente la normativa.
Así, se fijó para el pasado 7 de julio una nueva fecha de desahucio. La resolución se dictó el pasado 10 de junio, aunque debido a un error no se notificó a la pareja hasta el 19 de junio. Dicho error fue reconocido en la propia notificación, según destacaron los afectados.
«Esto nos dejó poco más de dos semanas para organizar una mudanza completa, buscar una alternativa habitacional y presentar alegaciones para solicitar la aplicación de los artículos 441.6 y 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pese a que la propia resolución reconoce el error de notificación, el juzgado se ha negado a aplazar nuevamente el lanzamiento», lamentaron.
Estos inquilinos explicaron que la sociedad propietaria de la vivienda pretendió desde el principio subirles el alquiler y comenzaron a registrarse entre las partes diferentes «malentendidos».
Hace un tiempo el caso ya saltó a la palestra cuando su historia llegó al Tribunal Supremo. El pasado mes de diciembre, este tribunal avaló el desahucio porque la pareja no había pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, aunque el importe anual por dichos conceptos no estaba especificado en el contrato de arrendamiento.
Tras todo lo acontecido, la pareja no se rinde y ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que durante el procedimiento se han producido situaciones que les han generado indefensión.
«Durante toda la vigencia del contrato hemos pagado puntualmente las mensualidades del alquiler. La única cuestión discutida judicialmente fue el pago del IBI y de las tasas de basura, cantidades que también fueron finalmente abonadas, algo que además era necesario para poder presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo», relataron a Periódico de Ibiza y Formentera.
La pareja reconoció tener la sensación de que, desde la reforma judicial, «puede estar primando la necesidad de cerrar los procedimientos con rapidez sobre la revisión detallada de cada caso». Incluso, manifestaron que en el juzgado no se habrían realizado las comprobaciones necesarias antes de adoptar decisiones con consecuencias tan graves como la pérdida de una vivienda, más en plena temporada turística.
«Consideramos necesario que se revise si la actual organización garantiza un estudio suficiente e individualizado de los expedientes. Estamos quemados. No nos ha molestado tanto irnos de la casa, sino el proceso judicial, que ha sido de traca», reconocieron.
Esta empresa me alquilo a mi, son bastante conocidos y no por ser buena gente, no es la primera vez que salen por aqui, tienen decenas de propiedades, son lo mas miserable que hay, tratan a sus trabajadores sin papeles e inquilinos como ganado y luego van de progres modernos. La noticia seguro que se queda corta. Que triste ver a gente atacando al mas debil para defender a esta gente que da mal nombre a los ibicencos honrados de la isla.